El ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, “no ha ganado ningún juicio y solamente ha obtenido privilegios procesales por parte del Poder Judicial federal”, aseveró el subsecretario de Seguridad Pública del gobierno federal, Luis Rodríguez Bucio.
Durante la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, al presentar la sección Cero Impunidad, el funcionario destacó que el ex funcionario del gobierno de Enrique Peña Nieto —quien está bajo proceso judicial acusado por los desfalcos al erario por la trama de Odebrecht y por la venta de la planta chatarra de fertilizantes de Agronitrogenados— seguirá el juicio en su contra en libertad al ser beneficiado por varios jueces.
Rodríguez Bucio reprochó que pese a que Lozoya Austin fue detenido en España después de haberse dado a la fuga por el caso Odebrecht, el 19 de febrero, el magistrado Juan Pedro Contreras Navarro otorgó un amparo en su favor y concedido la prisión domiciliaria.
“Entre las medidas retomadas por el magistrado se encuentran la colocación de brazalete electrónico, prohibición de salir del país o de la Ciudad de México y zona conurbada y presentación periódica quincenal”, expuso el subsecretario.
Indicó que aun cuando Lozoya se dio a la fuga y se trató de evadir en España, donde fue detenido, y pese a ello, el magistrado “consideró que la solicitud de imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada no estaba debidamente fundada, con lo cual se violaba su derecho a certeza y seguridad jurídica”.
Agregó que Lozoya Austin ha gozado de una “trayectoria de privilegios judiciales” por parte de otros togados.
Recordó que en días pasados el juez Gerardo Genaro Alarcón López lo benefició “indebidamente” excluyéndolo de su responsabilidad del pago por la reparación del daño en el caso de Agronitrogenados al señalar que ese pago ya lo había realizado el empresario Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, “lo cual nada tiene que ver con la responsabilidad directa” de Lozoya Austin.
El ex titular de Pemex, agregó, también fue favorecido por la jueza Ana Lilia Osorno Arroyo, quien determinó que es improcedente la acción de extinción de dominio promovida por la Fiscalía General de la República en su contra por la adquisición de un inmueble de más de 38 millones de pesos de procedencia ilícita y ordenó levantar el aseguramiento de esa propiedad, bajo el argumento que no aplicaba la nueva normatividad de 2019 ya que su adquisición se dio en 2012.
“Esto significa que Emilio ‘N’ no ha ganado ningún juicio y solamente ha obtenido privilegios procesales por parte del Poder Judicial federal”, sentenció.
Así, Rodríguez Bucio exhibió esta mañana a cuatro jueces que han favorecido a presuntos criminales. Entre estos se encuentran el de Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), y el de una niña de cuatro años que sufrió abuso en Naucalpan, Estado de México.
El subsecretario de Seguridad expuso a Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela, Juez de Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Tlalnepantla del Poder Judicial del Estado de México.
Rodríguez Bucio explicó que el pasado 20 de febrero, el Juez Martínez Vitela dictó sentencia absolutoria y libertad inmediata a favor de Alejandro “N”, acusado de abuso sexual a una niña de cuatro años, ya que, a su consideración, faltaron pruebas suficientes para justificar el abuso sexual a la menor.
De acuerdo con el funcionario, el Juez pasó por alto el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género de Infancia y Adolescencia, pues las y los menores no están obligados a referir circunstancia de lugar, día y hora debido a su edad y sobre todo para no ser revictimizados.
“La Fiscalía General de Justicia del Estado de México está en proceso de apelar esta sentencia, pues es contraria a una jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que faculta al Juez para recabar y desahogar de oficio pruebas que considere necesarias para preservar el interés superior de los menores de edad”, dijo.
Asimismo, el subsecretario también señaló a Óscar Saúl Cortés Ortiz, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal federal en Baja California, por cambiar arbitrariamente de medida cautelar a procesados en Tijuana, acusados de delitos contra la salud y posesión de armas, cartuchos y cargadores.
El funcionario detalló que el pasado 19 de febrero, el Juez Cortés Ortiz suspendió una audiencia intermedia y de manera unilateral modificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada que había en contra de cuatro personas procesadas, por la excarcelación temporal domiciliaria.
“El Juez Cortés Ortiz ordenó que el resguardo se hiciera en uno de los inmuebles asegurados y de no ser posible, que la Fiscalía tendría que pagarles un hotel. Finalmente, ordenó que el resguardo se realizara en el inmueble en el que se encontraba alojado su defensor”, contó.
Por ello, al Juez se le conoció en redes sociales y medios de comunicación como el “Juez Gran Turismo”.
Posteriormente, Rodríguez Bucio denunció a Natividad Regina Martínez Ramírez, Jueza Decimoprimera de Distrito en el estado de Veracruz, por otorgar un amparo a Antonio “N”, acusado de participar en el homicidio de la periodista María Elena Ferral, para que el Juez de control de Papantla dejara como insubsistente el auto de vinculación a proceso y emita uno nuevo en el que se establezca que no se acreditó su posible participación.
El Subsecretario detalló que la determinación fue confirmada de manera unánime por los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito el pasado 11 de enero, por lo que Antonio “N” obtuvo su libertad el pasado 28 de febrero, luego de que la Jueza ordenara al Juez de Papantla dar cumplimiento al amparo.
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