Marybel Villegas Canché advirtió que Quintana Roo enfrenta un contraste que ya no puede ignorarse: mientras las familias pagan una de las tarifas de agua más altas del país, el estado mantiene rezagos importantes en la operación del servicio, la eficiencia de los organismos operadores y el tratamiento de las aguas residuales.
La aspirante a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional señaló que el informe Gota a gota: entendiendo la gestión del agua en el país, elaborado por BBVA Research, permite dimensionar las diferencias que existen entre las entidades en eficiencia física y comercial, medición, tarifas, infraestructura y saneamiento.
Explicó que, de acuerdo con los Censos Económicos del INEGI, en México operan 2 mil 922 organismos encargados de prestar los servicios de agua potable y saneamiento, pero sus resultados muestran profundas diferencias en calidad, infraestructura, fuentes de abastecimiento, medición y capacidad de recaudación.
Marybel Villegas sostuvo que en Quintana Roo persiste un elevado número de inconformidades ciudadanas por deficiencias en el servicio de agua potable, tanto en los municipios donde continúa operando la concesionaria Aguakan como en aquellos atendidos por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), entre ellos Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto y Cozumel.
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Agregó que información de la Comisión Nacional del Agua, con corte a julio de 2026, coloca a Quintana Roo en una situación especialmente delicada en materia de tratamiento de aguas residuales. En la entidad se generan 4 mil 756 litros por segundo y únicamente se trata el 58.6 por ciento, una condición que representa un riesgo ambiental para el acuífero del que depende prácticamente todo el abastecimiento de agua potable del estado.
Recordó que desde hace varios años ha impulsado la cancelación de la concesión de Aguakan ante los reiterados señalamientos de incumplimiento del contrato. Este proceso incluyó una consulta pública en la que más de 55 mil ciudadanos de Benito Juárez, Playa del Carmen, Puerto Morelos e Isla Mujeres votaron por retirar la concesión, en medio de constantes denuncias por tarifas elevadas, interrupciones en el suministro y deficiencias en la infraestructura de tratamiento.
«No se puede pedir a las familias que paguen cada vez más por un servicio que no mejora en la misma proporción. El agua es un derecho y su administración debe responder primero al interés de la gente, con infraestructura suficiente, transparencia y resultados», expresó.
La diputada federal con licencia destacó que el informe ubica a Quintana Roo con una tarifa promedio de 13.30 pesos por metro cúbico, entre las más altas del país. En contraste, entidades como Tabasco, Campeche, Michoacán, Oaxaca, Tlaxcala y Yucatán registran costos considerablemente menores.
Subrayó que una tarifa elevada no garantiza por sí misma una operación eficiente. La calidad del servicio depende también de la inversión en infraestructura hidráulica, la reducción de fugas, la cobertura de medición, el mantenimiento de las redes y la capacidad de los organismos para sanear y reutilizar el agua.
Asimismo, señaló que los mejores resultados nacionales en indicadores de eficiencia comercial y física corresponden a entidades como Nuevo León, Zacatecas y Guanajuato, mientras Quintana Roo permanece entre los estados con mayores retos en el manejo integral del recurso.
Marybel Villegas indicó que el diagnóstico nacional también muestra un problema estructural: sólo se factura alrededor del 55 por ciento del agua suministrada y se recauda cerca del 69 por ciento de lo facturado, lo que limita la capacidad financiera de los organismos operadores y dificulta nuevas inversiones.
Consideró que la disminución de la sequía registrada durante 2026 debe aprovecharse para acelerar una política hídrica de largo plazo que fortalezca la infraestructura, amplíe el tratamiento de aguas residuales, mejore la medición del consumo y proteja los acuíferos frente al crecimiento urbano y los efectos del cambio climático.
«Quintana Roo no puede seguir pagando caro por un servicio deficiente. Necesitamos una política del agua que cuide el acuífero, que garantice el suministro a las familias y que obligue a quienes prestan el servicio a cumplir con las inversiones y responsabilidades que les corresponden», concluyó.
