Analiza Gobierno de Sheinbaum futuro de la concesión de Aguakan en Quintana Roo

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que su Gobierno está evaluando dos opciones para abordar el futuro de la concesión del servicio de agua potable en Quintana Roo, actualmente administrada por la empresa Aguakan.

Durante la ”mañanera del pueblo” de hoy jueves realizada desde el estado de Puebla, dijo que estas son la revocación de la concesión a través de procesos legales y la compra de la misma, siempre y cuando se cumplan las condiciones razonables y legales necesarias.

Sheinbaum enfatizó que cualquier decisión respecto a la concesión debe llevarse a cabo mediante procedimientos jurídicos establecidos, ya que no es viable revocar una concesión «de la noche a la mañana» sin un respaldo legal, aun cuando haya un notable descontento ciudadano hacia Aguakan.

Esto se evidenció en junio de 2022, cuando una consulta ciudadana en Cancún, Playa del Carmen, Isla Mujeres y Puerto Morelos mostró un apoyo mayoritario para retirar la concesión a la empresa.

Sin embargo, casi cuatro años después, Aguakan continúa operando, apelando diversas decisiones legales en su favor.

La presidenta enfatizó que el Gobierno Federal está examinando el proceso mediante el cual se extendió la concesión, además de estudiar la posibilidad de adquirirla.

A pesar de ello, la mandataria alertó sobre las pretensiones económicas de Aguakan, indicando que las demandas, que han alcanzado montos cercanos a los 12 mil millones de pesos, son consideradas exorbitantes.

“Se trabaja en conjunto con la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, y otros municipios implicados, como Cancún (sic), para definir quién sería el responsable de operar el servicio de agua potable, en caso de que se decida la revocación o compra de la concesión.

Claudia Sheinbaum también mencionó que se está dando seguimiento a una vía legal ya existente que fue planteada anteriormente por el Gobierno del Estado.

“Este asunto ha sido revisado desde el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador y está siendo analizado desde mediados del año pasado”, refirió la presidenta.

Al ser consultada sobre un posible plazo para resolver este conflicto, admitió que no hay un tiempo estimado, debido a la complejidad legal del caso y los recursos planteados por la empresa, “el objetivo primordial es asegurar que cualquier decisión respete el marco legal vigente, la voluntad de los ciudadanos expresada en la consulta y el interés público en la prestación de un servicio esencial como es el acceso al agua potable”, acotó.