El turismo no puede seguir excluyendo a nadie; la inclusión no es opcional, es un derecho y una obligación del Estado: Marybel Villegas

Cancún, Quintana Roo.— La inclusión dejó de ser discurso para convertirse en política pública obligatoria. Con la aprobación de reformas a la Ley General de Turismo, México da un paso histórico hacia la construcción de destinos verdaderamente accesibles, donde todas las personas, sin importar su edad o condición, puedan ejercer su derecho al disfrute pleno del turismo.

La diputada federal Marybel Villegas Canché destacó que este avance representa una transformación de fondo en la visión del desarrollo turístico, colocando al ser humano en el centro de la política pública.

“Durante años, el turismo en México creció dejando fuera a millones de personas. Hoy eso cambia. Hoy estamos construyendo un modelo donde nadie se queda atrás”, sostuvo.

La legisladora quintanarroense subrayó que la reforma aprobada por la Cámara de Diputados garantiza el acceso físico, digital y comunicacional en los destinos turísticos del país, consolidando el concepto de turismo accesible como un eje rector, obligatorio y medible.

En el caso de Quintana Roo, uno de los motores turísticos más importantes del país, esta transformación adquiere una dimensión estratégica. Cancún, la Riviera Maya, Cozumel y el sur del estado tienen ahora la oportunidad de evolucionar hacia estándares internacionales de inclusión, fortaleciendo no solo su competitividad, sino su compromiso social.

“Un destino que excluye no puede llamarse de primer nivel. La verdadera grandeza de Quintana Roo está en que todas y todos puedan disfrutarlo con dignidad, seguridad y autonomía”, afirmó Villegas Canché.

Esta reforma no solo responde a una deuda histórica con los más de 20.8 millones de personas con discapacidad en México, sino que también abre la puerta a un mercado creciente de personas adultas mayores, posicionando al país como un referente global sin necesidad de incrementar el gasto público federal.

Marybel Villegas destacó que el cambio más relevante es el tránsito de un modelo basado en la “buena voluntad” a uno con obligatoriedad legal y certeza jurídica, donde la accesibilidad deja de ser opcional para convertirse en una exigencia.

Entre los principales alcances de la reforma se encuentra la incorporación del turismo accesible como una política pública con enfoque de Derechos Humanos, garantizando la igualdad, la no discriminación y la inclusión efectiva en toda la cadena turística.

Asimismo, se establecen obligaciones claras para el sector en materia de infraestructura, información accesible y capacitación del personal, además de mecanismos de verificación, seguimiento y sanción para asegurar su cumplimiento.

Este nuevo marco legal permitirá garantizar la cadena de accesibilidad turística, evitando que las personas enfrenten barreras en el transporte, el hospedaje o las actividades recreativas, y asegurando que cada viaje pueda realizarse de manera continua, segura y autónoma.

Con esta reforma, México avanza hacia un modelo turístico más justo, más humano y más competitivo, donde el desarrollo económico va de la mano con la inclusión social.