En relación al reclamo de los habitantes de las comunidades de Felipe Ángeles, Guillermo Prieto y Caña Brava, municipio de Othón P. Blanco, por ser dotados de agua potable, y por el cual la titular de la Secretaria de Finanzas y Planeación del estado (Sefiplan) Yohanet Torres Muñoz, recibió un apercibimiento de un juzgado federal, la funcionaria argumentó que esas comunidades ya pertenecen a otra entidad y por tanto, no son responsabilidad del gobierno de Quintana Roo.
Torres Muñoz se excusó en los planos cartográficos delInstituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), para asegurar que esas comunidades forman ya parte del estado de Campeche, a ellos correspondería el proporcionarles este servicio.
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“Eso es un impedimento legal que tenemos para liberar los aproximadamente 100 millones de pesos autorizados por el Congreso del Estado en el Paquete Fiscal 2021, a pesar de la sentencia de la autoridad jurisdiccional”, manifestó la funcionaria.
Y mas aún, agregó que para canalizar los recursos necesarios a las comunidades ubicadas en la zona limítrofe, dependen de la sentencia que se emita en torno al litigio de la superficie en conflicto, lo que aún no ha sucedido.
Pero para los habitantes de estos asentamientos humanos, las cosas no son de esa manera, pues afirman que estos pertenecen al municipio de Othón P Blanco, y por ende a Quintana Roo, incluso mucho antes del conflicto limítofre y esto no debe ser una excusa para que el gobierno les cumpla.
“Por lo cual no hay impedimento legal para que el gobierno del Estado cumpla con la sentencia del juez y libere los recursos para dotar del servicio de agua potable como parte fundamental de los derechos humanos de contar con los servicios básicos”, sentenció el representante legal de estos poblados, Andrés Blanco Cruz.
Es responsabilidad de Campeche, afirma Sefiplan en conflicto por agua potable
