Los ataques con ácido contra mujeres se vuelven cada vez más frecuentes en nuestro país, donde organizaciones civiles se sumaron al clamor de diversos sectores para frenar estas acciones y presionar por una legislación que tipifique este delito y establezca penas ejemplares.
Es el caso de un joven que dijo llamarse Josmar “N” de 24 años de edad, quien fue detenido por el delito de feminicidio en grado de tentativa.
Los hechos ocurrieron cuando elementos policiales que se encontraban en su recorrido de prevención y vigilancia procedieron a verificar un reporte de persona agresiva en la Supermanzana 251, manzana 17, en Cancún.
Al arribar al lugar los oficiales se entrevistaron con una persona que manifestó que un joven le había arrojado ácido muriático a su compañera de trabajo.
Asimismo, la informante refirió que con la ayuda de las personas que se encontraban en el lugar evitaron que dicho sujeto se diera a la fuga, solicitando la ayuda policial.
Por tal motivo y ante los hechos narrados, los oficiales procedieron con la detención del hombre, para ser puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para las investigaciones correspondientes.
Por otra parte, aunque no existen cifras oficiales sobre estos casos, grupos de defensa de los derechos humanos estiman que al menos 30 mujeres han sido agredidas mediante este método en las últimas dos décadas.
Sin embargo, en los últimos días los medios informativos han dado cobertura a hechos recientes de esta naturaleza, como el de la saxofonista María Elena Ríos, que fue agredida en el estado de Oaxaca en 2019 por su ex pareja, un ex legislador, y sufrió quemaduras en el 90% de su cuerpo, sobre todo en el rostro.
El tema cobró actualidad porque Juan Vera, el agresor, detenido en 2020, recibió el beneficio de la prisión domiciliaria hace unos días, por orden del juez Teódulo Pacheco, aunque por las protestas que generó este acto la resolución sigue todavía sin cumplirse.
Además, como ya se informó al inicio de la nota, se informó que un hombre arrojó ácido a la cara de una mujer en Cancún, y tuvo que ser trasladada de emergencia con heridas graves a un hospital.
Según testigos, el hombre identificado sólo como Josmar, de 24 años, es el responsable de este acto, en medio de una fuerte discusión en el que le formuló reproches a gritos.
Los vecinos oyeron los reclamos y llamaron a una línea de emergencia por lo que arribó la policía y detuvo al atacante, que aparentemente se encontraba en estado de ebriedad, quien fue llevado ante la fiscalía y acusado de tentativa de homicidio.
En agosto de 2022, la prensa local también reportó que una mujer en situación de calle en el estado de Jalisco se resistió a un intento de violación y mientras se defendía su atacante le lanzó ácido.
Un año antes, en una fecha no precisada, se reportó que una mujer transexual también fue agredida de la misma manera y sufrió quemaduras en el 60% de su cuerpo.
Estos sólo son algunos de los ejemplos más recientes, pero los ataques con ácido se remontan a noviembre de 2001, cuando Elisa Xolalpa fue atacada por su ex pareja sentimental en la Alcaldía Xochimilco.
En 2019 el hombre la volvió a amenazar hasta que fue capturado en 2021 y condenado a cinco años de prisión, pero con beneficio de la libertad provisional.
La Fundación Carmen Sánchez Mx, nacida en enero de 2021 para apoyar a mujeres que han sufrido ataques con ácido, señaló que sólo siete estados han clasificado el delito específico de agresiones con ácido y fuego por lo que exigió que se tipifique para el resto del país.
La organización señaló que los casos deben ser “juzgados con perspectiva de género” y los atacantes deben recibir “penas ejemplares” porque la “impunidad es la constante”.
Según la entidad, los atacantes suelen ser familiares, ex parejas o hasta asaltantes y personas desconocidas.
Luego del fallo reciente que otorgó prisión domiciliar al hombre que atacó a la saxofonista, colectivos de mujeres víctimas de ataques con ácido exigieron “justicia y un alto a la impunidad”.
La organización de sobrevivientes de estas acciones se solidarizó con María Elena Ríos, que ha debido someterse a varias operaciones quirúrgicas para injertarle piel en rostro, mano y cuello, y sostuvo que ahora es víctima también de la “corrupción, tortura institucional y revictimización”.
“Solo las mujeres que hemos atravesado por esto entendemos el grave riesgo y extrema vulnerabilidad en la que se encuentra Elena Ríos, su familia y su defensa legal por la resolución que tomó el juez, que es ajena y contraria a toda legalidad”, argumentaron.
Según esta ONG, los ataques con ácido “son una forma extrema de violencia contra las mujeres que atentan gravemente contra la vida, la integridad psíquica y física, el libre desarrollo y la dignidad de las mujeres” y no se trata de “lesiones simples” sino de “intentos de feminicidio”, un “delito grave que amerita prisión”.
Con información de agencia Ansa
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