El Poder Judicial del Estado de Quintana Roo (PJEQROO) confirmó la suspensión y apertura de un procedimiento administrativo interno en contra del juez Jonathan Yong Mendoza a raíz de un señalamiento por una presunta agresión contra una mujer en la cual se usó un arma de fuego.
El episodio habría tenido lugar durante la madrugada del 24 de diciembre en la ciudad de Cancún. Según datos oficiales, el caso comenzó a tomar forma el 26 de diciembre de 2025, cuando la autoridad judicial recibió una denuncia a través de su plataforma electrónica institucional.
El reporte, presentado de manera anónima estuvo respaldado por material visual que circuló previamente en redes sociales, contenido que, de acuerdo con la institución, muestra un posible acto de violencia atribuido al funcionario judicial.
Los hechos señalados habrían ocurrido en un fraccionamiento ubicado en la zona sur de Cancún y, conforme a la información preliminar, en el incidente estuvieron involucrados un servidor público adscrito al Poder Judicial y una mujer.
Te Puede Interesar: Enfrentamiento entre civiles armados deja tres muertos en Guadalajara
Dada la naturaleza del señalamiento y su posible impacto en la imagen y funcionamiento de la institución, el Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas determinó iniciar las actuaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido.
Como parte del proceso, se solicitó al Tribunal de Disciplina Judicial la imposición de una medida cautelar que contempla la suspensión temporal del juez de sus actividades jurisdiccionales.
De acuerdo con el Poder Judicial, esta acción tiene como objetivo principal proteger el interés público, así como evitar cualquier riesgo de interferencia durante el desarrollo de la investigación, mientras se integran los elementos necesarios para establecer si existen o no responsabilidades administrativas.
En un comunicado difundido posteriormente, el Poder Judicial del Estado enfatizó que quienes ejercen funciones jurisdiccionales están obligados a mantener una conducta intachable no solo en el desempeño de sus labores, sino también en su vida pública y privada. La institución recalcó que la responsabilidad de impartir justicia es permanente y no se limita a un horario laboral específico.
Asimismo, se reiteró que no habrá tolerancia frente a comportamientos que vulneren los principios de ética, legalidad y profesionalismo que rigen la función judicial.
El organismo aseguró que el caso será revisado conforme a los procedimientos establecidos en la normativa vigente y dentro de los plazos que marca la ley, garantizando en todo momento el debido proceso.
Finalmente, el Poder Judicial subrayó que estas acciones forman parte de su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza ciudadana, elementos que consideró indispensables para el correcto funcionamiento del sistema de justicia en el estado.
Con Datos de Luis Hernández