Se suma Benito Juárez al fortalecimiento de combate a la corrupción
Cancún.- A fin de redoblar los trabajos de combate a la corrupción en toda la entidad, el Cabildo de Benito Juárez, encabezado por la presidenta municipal, Ana Paty Peralta, aprobó por unanimidad de votos, la minuta con proyecto de decreto de reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo para modificaciones en materia de responsabilidades administrativas y reorganización que competa a la autoridad estatal.
Durante la Quincuagésima Segunda Sesión Extraordinaria se detalló que la recién constituida XVIII Legislatura del Estado aprobó dicha iniciativa y la turnó a los ayuntamientos para el trámite conducente, para obtener de dichas entidades municipales el aval para la creación de un nuevo Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción, que fortalecerá, erradicará y sancionará los actos de corrupción que se presenten en la geografía estatal.
Se explicó que algunos de los puntos importantes de las reformas son los requisitos para ser magistrada o magistrado de Justicia Administrativa y Anticorrupción como un proceso distinto e independiente al Poder Judicial del Estado, mismo que contará con cinco personas titulares de las magistraturas, y una de ellas, será el titular de la Presidencia, designado por el Tribunal Pleno para un periodo de cinco años con posibilidad de reelección, por una sola vez y en un periodo del mismo lapso.
Con el aval del Cabildo, se prioriza la autonomía de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción: Ana Paty Peralta.
Se agregaron también diversas disposiciones que indican los requisitos que deberán cumplir las personas que sean titulares de los órganos internos de control (OIC), además de homologar la duración de ellos con el periodo de quien esté al frente de la Auditoría Superior del Estado, para que esté alineado al periodo de gestión en materia de fiscalización y rendición de cuentas, así como de responsabilidades y combate a la corrupción.
En el mismo acuerdo, se contempla darle plena autonomía como un órgano constitucional autónomo a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, con el fin de consolidar su independencia y la capacidad de acción, para que se garantice su efectividad en ese rubro y el fortalecimiento del estado de derecho.
Por último, se contempla que el nuevo tribunal, los órganos internos de control y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, serán los pilares en rubros como la procuración e impartición de justicia y la política de combate a la corrupción, para que actúen con firmeza y determinación sin miedo a represalias ni influencias indebidas.
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