Tras tres días de audiencias en los Juzgados Orales del Tribunal de Justicia en Chetumal, la ex titular de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) en la era Borge, Paula González Cetina recibió la sentencia de prisión por 3 años y 11 meses, así como el pago de 28 mil 441 pesos, luego de ser acusada del delito de peculado por la afectación a las arcas del organismo por mil 56 millones de pesos y 500 millones por un empréstito. Dictan casi 4 años de prisión a extitular de CAPA, por peculado.
Es importante mencionar que derivado de la audiencia final, el juez sentenció que la condena podría ser conmutada a mil 10 días de trabajo comunitario por el tiempo que permaneció en prisión.
Paula González Cetina afirmó que recurrirán a otras instancias para demostrar su inocencia toda vez que el dinero nunca salió de las arcas gubernamentales.
Y en este punto afirmó que siempre respondió a instrucciones del ex secretario de Finanzas Juan Pablo Guillermo Molina y del ex gobernador Roberto Borge Angulo respecto al manejo del dinero (mil 56 millones de pesos), ya se cuenta con contra recibos que la amparan en cuanto a que se quedaron en las arcas estatales estos recursos.
En tanto su abogado defensor Baldomero Mendoza López consideró que el juez valoró todas las pruebas presentadas y por ello se emitió esta sentencia que es parte de lo que esperan con los argumentos antes mencionados.
Cabe mencionar que la ex funcionaria fue declarada culpable de peculado por el juez, el pasado 14 de febrero, únicamente quedando pendiente su sentencia, que fue dictada en la audiencia de las últimas horas.
Como se recordará Cetina González recibió, el 18 de diciembre de 2014, un depósito de mil 55 millones de pesos 999 mil 962 pesos por parte de Aguakan, como contraprestación por la extensión de la concesión del agua en Cancún e Isla Mujeres, además de la privatización del servicio en Solidaridad.
La directora autorizó la transferencia de estos recursos a una cuenta de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), de donde se extraviaron, supuestamente usados para gasto corriente.
Y siguen pendientes los procedimientos por más de 500 millones que también formaron parte de una solicitud de un empréstito que se autorizó desde el Congreso del estado.
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