De acuerdo al dictamen del informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2018, el Poder Legislativo de Quintan Roo incurrió en incumplimiento de la normativa de la Ley de Disciplina Financiera, debido a que modificó el presupuesto aprobado en el capítulo de servicios personales.
Al cierre del ejercicio, la administración de Eduardo Martínez Arcila modificó el presupuesto del Capítulo 1000 en el rubro de “Servicios Personales” y lo incrementó hasta en 33 millones 611 mil pesos pesos, respecto a lo aprobado originalmente en el Presupuesto de Egresos del Congreso de Quintana Roo.
El documento señala que se remitió el oficio número SG/SSA/002/I/2020 de fecha 9 de enero de 2020, mediante el cual se presenta información con el propósito de atender lo observado, se advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual el resultado se considera como no atendido.
Cabe señalar que en los documentos que remitió el Congreso a la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (Aseqroo), establece que fueron citados a comparecer Azucena Marrufo, exdirectora de Finanzas, y Gerardo Martínez, ex Oficial Mayor, quienes presentaron los oficios a través de los que solicitaron el 21 de marzo la ampliación presupuestal de 3 millones 848 mil pesos y en diciembre una ampliación presupuestal por dos millones más.
El argumento es la creación de 25 plazas de secretarios técnicos con nivel 400 de subdirectores, así como cuatro plazas para la Unidad de Vigilancia de la Comisión de Hacienda.
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