El auto de vinculación por peculado en contra el exdirector de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, Raúl Enrique Labastida Mendoza, fue confirmado por la Cuarta Sala Especializada en Materia Penal Oral.
Continuará el proceso en libertad bajo medidas cautelares que le impidan sustraerse de la justicia y obligado a reparar el daño.
Labastida Mendoza fungió como consejero jurídico en la administración de Roberto Borge Angulo.
Al concluir su encargo se le detectó delito de peculado por un millón 187 mil 900 pesos, que trató de justificar mediante gastos de asesoría y honorarios de un perito para la Controversia Constitucional con Campeche por la disputa de los 10 mil kilómetros cuadrados de terreno.
Los recursos fueron erogados en cuatro ministraciones. La primera por 437 mil 900 pesos para gastos y honorarios para perito en materia de estadística para intervenir en la Controversia Constitucional 52/2011; la segunda por 250 mil pesos por gastos por comprobar para el pago de honorarios del perito Manuel Suárez Lastra por la elaboración del dictamen en topografía ofrecido en el expediente agrario TUA 44-441/2001.
El monto por el tercer pago ascendió a 200 mil pesos por concepto de asesoría y seguimiento de la Acción de Inconstitucionalidad 57/2016 y la cuarta, por 300 mil pesos por concepto de gastos por comprobar de los gastos generados por consulta, asesoría y elaboración de exposición de motivos del Decreto de Reforma de la Constitución Política y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de Quintana Roo.
Los recursos fueron transferidos a la cuenta del imputado y utilizados para fines de uso particular.
El 22 de febrero del presente fue detenido por la Policía Ministerial que le puso a disposición del juez que le requirió.
Al día siguiente quedó vinculado a proceso con base a la carpeta de investigación 227/2017, por el delito de peculado.
Para garantizar la reparación del daño se le aseguró una camioneta de lujo color arena y 75 acciones de capital fijo de la empresa Industrializadora Maderera de Quintana Roo, S.A. de C.V.
Logró el beneficio de enfrentar el proceso en libertad; sin embargo, quedó obligado a firmar los días 15 y 30 ante el Juzgado Penal Oral.
Al no resultar satisfecho, el exconsejero jurídico del Poder Ejecutivo promovió apelación ante el Juzgado de la Cuarta Sala Especializada en Materia Penal Oral, a través de la toca 24/2020.
Tras escuchar a las partes involucradas, en sesión virtual, el juez se pronunció a favor de la confirmación del auto de vinculación por delito de peculado.
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