Un sujeto recibió una ejemplar sentencia de cien años de prisión por un Juez de Juicio Oral en el municipio de Cozumel al hallarlo culpable del delito de secuestro agravado.
De acuerdo con un comunicado difundido por la Fiscalía General del estado de Quintana Roo (FGEQROO), Jorge Legaria Vargas, fue sentenciado tras acreditarse su responsabilidad en un caso de secuestro agravado cometido contra un hombre cuya identidad permanece bajo resguardo.
La resolución, que causó impacto en los circulas legales y en la comunidad, se dio luego de que el órgano judicial valorara los elementos probatorios presentados por la Fiscalía estatal.
De acuerdo con la causa penal, los hechos se remontan al 12 de noviembre de 2021 en un domicilio localizado en la colonia Maravilla, dentro de este municipio.
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Ese día, el ahora sentenciado no actuó solo: llegó acompañado de varios individuos. Dos de ellos ingresaron hasta la planta alta de la vivienda, donde se encontraba la víctima junto con su esposa y su hija menor.
Bajo amenazas de muerte, los agresores obligaron a la familia a tirarse al suelo. En medio de la intimidación, exigieron al hombre el pago de un millón de pesos mientras lo golpeaban con un arma de fuego.
La violencia no cesó, y la presión para obtener el dinero continuó incluso cuando la víctima intentó escapar. El afectado logró salir del inmueble en un momento de descuido, pero fue alcanzado poco después sobre la avenida 85 Bis.
Ahí, los agresores lo interceptaron nuevamente y continuaron con las agresiones físicas, insistiendo en la entrega del dinero. Minutos más tarde, una camioneta blanca tipo Cheyenne llegó al sitio con cinco sujetos adicionales, quienes participaron directamente en la privación ilegal de la libertad.
Posteriormente, el hombre fue trasladado a una zona con vegetación cercana a las avenidas Félix González Canto y Zamná. En ese lugar, sufrió actos de violencia extrema que lo dejaron inconsciente, tras lo cual fue abandonado.
Durante el tiempo que permaneció retenido, el responsable realizó llamadas telefónicas a un familiar de la víctima para exigir el rescate. La denuncia permitió a las autoridades ubicar y detener al implicado, asegurando además el teléfono utilizado en la extorsión.
Además de la pena privativa de libertad, el juez fijó una sanción económica considerable y ordenó el pago por daño moral, como parte de la reparación a la víctima.
Con Información de la FGEQROO
