El licenciado Michael Corona, abogado del sobrino de Ricky Martin, pidió acceso a los documentos en torno a la salud mental del cantante, durante la conferencia inicial en el caso de la demanda millonaria que presentó el famoso boricua contra su representado, Dennis Yadiel Sánchez Martin.
Por su parte, los abogados del cantante, Joaquín Monserrate Matienzo, Dora L. Monserrate Peñagarícano y José A. Andreu, que solicitaron expedientes de Sánchez Martin en el Hospital Capestrano y otras entidades, levantaron la objeción de Corona, aludiendo a la intimidad de su cliente.
Mientras tanto, el juez Arnaldo Castro Callejo, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, aclaró a la defensa legal de Dennis Yadiel que la regla 32 y la jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que si hacen alegaciones con daños emocionales y daños físicos los clientes renuncian a cualquier derecho de intimidad o privilegio que puedan tener sobre esos asuntos.
Posteriormente, al abogado de Sánchez Martin le fue concedido un lapso de diez días para presentar por escrito las razones para oponerse a que la parte demandante tenga acceso a los récords médicos de su representado.
“Si es una cuestión de entrar en las cuestiones emocionales de parte y parte, ciertamente nosotros haremos nuestro requerimientos en vista de lo que estamos alegando en la reconvención, que es una situación de abuso sexual de un menor y en ese sentido estamos planificando, en vista que recibimos la moción de parte del demandante, presentar unos asuntos de requerimiento de documentos con relación a la cuestión de salud mental del señor Ricky Martin y tratamiento, en vista de las alegaciones que se hacen de salud mental”, alegó Corona.
Finalmente, durante el juicio transmitido por elvocero.com se acordó que Ricky Martin realizará de manera presencial su declaración el 26 y 27 de octubre, mientras que Sánchez Martin la realizará el 14 y 15 de noviembre.
La batalla entre Ricky y su sobrino surgieron en julio de 2022, luego de que Sánchez Martin solicitó y le fue concedida una orden de protección exparte contra el intérprete, que luego fuera archivada por pedido del joven.
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