Fiscalía General de la República (FGR) pidió a un Juez girar una orden de aprehensión en contra Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, por los supuestos delitos de peculado, delincuencia organizada y lavado de dinero.
La conductora se había visto involucrada en este problema desde el 2016 por aparente enriquecimiento ilícito, pero logró evitar un juicio por evasión fiscal al pagar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 10 millones 967 mil pesos por contribuciones omitidas.
El 3 de junio pasado, una jueza federal concedió un amparo a Inés Gómez Mont para evitar que la FGR ejerciera acción penal en su contra por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La juzgadora determinó entonces que la dependencia fue omisa en señalar las pruebas que se habían desahogado dentro de la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/0001159/2017.
La denuncia contra Gómez Mont por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita detonó cuando las autoridades detectaron que en el ejercicio fiscal de 2016 tuvo ingresos superiores a los que reportó en su declaración anual del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Luego de esa denuncia, en 2018 pidió la intervención del Órgano Administrativo Desconcertado Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), con el propósito de alcanzar un acuerdo reparatorio con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
En noviembre de ese mismo año se acordó que Inés debería pagar 10 millones 967 mil 907 pesos “por concepto de contribuciones federales omitidas” para arreglar la demanda. Sin embargo, el 16 de enero de 2019, el Ministerio Público Federal dictaminó que con ese monto no se había cubierto la totalidad del daño que sufrió la SHCP y se le exigió pagar 2 millones 604 mil 537 pesos más.
De acuerdo con Milenio, aunque Gómez Mont pagó el monto requerido, el director de Delitos Fiscales de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones de la Procuraduría de la Federación determinó improcedente el acuerdo al que se llegó en un principio. Y de ahí vinieron una serie de citaciones, amparos y alegatos hasta llegar a este 10 de septiembre de 2021, cuando un Juez ha girado orden de aprehensión tanto a ella como a su esposo Álvarez Puga.
Hasta el momento, la conductora de televisión no se ha declarado sobre el tema; su última interacción en redes sociales fue hace 23 horas, al compartir una foto de sus hijos, en la que recuerda cómo eran de bebés.
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