En cumplimiento de las resoluciones emitidas por una jueza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el productor Luis de Llano fue arrestado temporalmente este miércoles 2 de septiembre de 2026 por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX), debido al desacato sistemático de la sentencia definitiva e inatacable dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
De acuerdo con la información oficial proporcionada por la SSC-CDMX, la detención se concretó a las 18:13 horas y responde a la aplicación de medidas de apremio impuestas por la autoridad judicial tras el incumplimiento de las determinaciones del máximo tribunal del país.
«Esta tarde, personal de esta Secretaría dio cumplimiento a una orden de arresto de 15 horas en contra de Luis ‘N’ como medida de apremio por desacato de acuerdo con lo ordenado por una Jueza del Tribunal Superior de Justicia; por lo anterior, fue trasladado al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social San Fernando», confirmó la dependencia.
Las causas del arresto
La representación legal de Sasha Sokol precisó que las medidas ejecutadas responden a dos órdenes de arresto independientes y acumulables, cada una con una duración de 15 horas, derivadas de la negativa reiterada del productor a cumplir con dos disposiciones judiciales fundamentales:
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Grabar y exhibir ante el juzgado una disculpa pública formal dirigida a Sasha Sokol.
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Publicar la síntesis de la sentencia que confirmó su responsabilidad civil por daño moral en contra de la intérprete y actriz.
Cabe recordar que la resolución judicial de la SCJN determinó de manera inatacable que Sasha Sokol fue víctima de abuso sexual cuando era menor de edad dentro de la relación que sostuvo con el productor.
Advertencia de consecuencias penales
El equipo jurídico de la cantante señaló que esta aprehensión es el resultado de meses de desacato, requerimientos desatendidos y multas ignoradas por De Llano. Asimismo, advirtió que el desacato continuado podría elevar la gravedad del caso al terreno del derecho penal, abriendo la posibilidad de enfrentar procesos que contemplan penas de hasta cinco años de prisión.
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