En un giro significativo para uno de los enfrentamientos legales más mediáticos de Hollywood, el juez federal de Nueva York, Lewis J. Liman, desestimó este jueves la mayoría de las acusaciones interpuestas por la actriz Blake Lively contra su colega y director, Justin Baldoni. El conflicto, derivado de las tensiones vividas durante el rodaje de la cinta It Ends With Us, entrará ahora en una fase decisiva centrada en temas contractuales.
En su fallo, el magistrado eliminó 10 de los 13 cargos vertidos por Lively, entre los que destacaban las figuras de acoso, difamación y conspiración. Sin embargo, Liman decidió mantener vigentes las acusaciones por incumplimiento de contrato, represalias y complicidad en represalias, permitiendo que el caso siga adelante bajo estos conceptos.
Un error de jurisdicción
Uno de los puntos clave para la desestimación parcial fue un error en la base legal de la demanda. El juez señaló que Lively intentó fundamentar sus quejas en una ley de acoso sexual de California, a pesar de que los hechos presuntamente ocurrieron en un estudio de grabación en Nueva Jersey.
No obstante, Liman no exoneró completamente la actitud de Baldoni. En sus declaraciones, el juez mencionó que existen conductas del director que podrían considerarse fuera de lugar. “Hay un momento en que el acusado deja de limitarse a defenderse y empieza a tomar medidas que un jurado razonable podría considerar una represalia”, subrayó el magistrado.
Millonarias pérdidas y contrademandas
La disputa no solo es ética, sino profundamente económica. Lively estima sus pérdidas en 161 millones de dólares debido a lo que describe como una campaña de descrédito orquestada por Baldoni. Por su parte, el director intentó una contrademanda por 400 millones de dólares y otra contra The New York Times, pero ambas fueron desestimadas el pasado mes de junio.
Con la mayoría de los cargos por acoso fuera del expediente, la atención se centra ahora en el próximo 18 de mayo, fecha en la que ambos actores se verán las caras en un tribunal de Manhattan para resolver las acusaciones de represalias y disputas contractuales que aún persisten.
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