El caso del influencer Rodolfo «Fofo» Márquez Alcaraz ha vuelto a colocarse en el centro de la conversación pública tras revelarse un nuevo intento por intervenir en su estatus judicial. Desde el penal de Barrientos, en el Estado de México, el creador de contenido difundió una carta dirigida a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en la cual asegura que sus derechos han sido vulnerados y que el delito por el que cumple condena es falso.
Márquez fue sentenciado a 17 años y 6 meses de cárcel tras haber sido hallado culpable de tentativa de feminicidio. Los hechos ocurrieron en febrero de 2024 en la colonia Ciudad Brisa, en Naucalpan, luego de un incidente vial donde agredió físicamente a una mujer, un ataque que quedó registrado en video y se convirtió en una pieza clave para la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
El texto enviado por el influencer surge como reacción a las recientes declaraciones de la mandataria federal durante su conferencia matutina, donde Sheinbaum abordó el caso del exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, y enfatizó que en su administración «la ley es igual para todos» y que no existiría protección ni tratos preferenciales para nadie en casos de violencia de género.
Tomando como referencia el mensaje presidencial, Fofo Márquez utilizó la carta para solicitar que se aplique dicho criterio en su proceso penal, sugiriendo que ha sido víctima de una resolución injusta.
“Expreso a través de esta carta que se hagan valer mis derechos como así lo menciona la presidenta en el video que compartí, que no hay preferencias ni amistades y que aplique la ley al igual para todos, ya que el delito por el que me juzgan está totalmente fabricado. Cuántas familias a diario no sufren de lo mismo y están impunes que les dan la misma pena y que aplique parejo para todos”, se lee en el escrito difundido.
A pesar de los argumentos plasmados en la misiva, el panorama legal del influencer se mantiene complejo. Hace apenas unas semanas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó la solicitud de la defensa para atraer el amparo con el que pretendían abrir una nueva revisión de su caso. Con las vías institucionales agotadas en esa instancia, la condena dictada por el tribunal del Estado de México permanece firme y el imputado continuará tras las rejas.
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