La expresentadora mexicana de televisión Inés Gómez Mont, requerida por la justicia de su país por delitos de carácter financiero y delincuencia organizada, emprendió una batalla legal en Estados Unidos para ser liberada del centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) donde permanece bajo resguardo.
Registros de la Corte del Distrito Sur de Florida en Fort Lauderdale confirmaron que este lunes trascendió la presentación de un recurso de ‘habeas corpus’ promovido por su abogado, John Patrick Pratt, ante el juez federal Jeffrey T. Kuntz. El mecanismo legal —diseñado en el sistema anglosajón para cuestionar detenciones arbitrarias e infundadas— fue ingresado formalmente el pasado sábado, apenas 24 horas después de que la Fiscalía General de la República (FGR) confirmara su arresto en el área metropolitana de Miami.
A través de esta acción judicial, la defensa de la expresentadora de Ventaneando busca que las autoridades ordenen su salida inmediata del Broward Transitional Center, una instalación migratoria ubicada en Pompano Beach, a unos 55 kilómetros al norte de Miami, donde el sistema de localización de detenidos del ICE la mantenía ubicada al inicio de esta semana.
Debido a que el expediente procesal fue clasificado bajo sello de reserva por el juzgado federal, hasta el momento se desconocen los argumentos específicos expuestos por su equipo jurídico para justificar la petición de libertad.
Tanto Inés Gómez Mont como su cónyuge, el abogado y empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, enfrentan desde hace años órdenes de aprehensión vigentes emitidas por jueces mexicanos por presuntos delitos de peculado, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, un caso que involucra presuntos desvíos por un monto estimado en 3 mil millones de pesos (más de 160 millones de dólares).
El propio Álvarez Puga fue arrestado previamente por agentes del ICE en territorio estadounidense en septiembre de 2025. Aunque el empresario ya no aparece en el registro público de personas bajo custodia federal, cuenta con una audiencia agendada ante las autoridades migratorias para este mes de noviembre con el fin de definir su estatus de permanencia en el país vecino.
Las acciones judiciales en Florida se cruzan con las recientes gestiones emprendidas por el Ejecutivo Federal de México. En septiembre pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum reveló que Interpol había retirado las notificaciones rojas que pesaban sobre la pareja desde 2021, una decisión que la mandataria criticó públicamente al calificarlos como «factureros reconocidos» y anunciar que el Estado mexicano solicitaría la reactivación formal de las alertas internacionales.
Paralelamente, la FGR confirmó en meses previos que mantiene activos los procedimientos diplomáticos para lograr la extradición del matrimonio y procesarlos ante los tribunales mexicanos.
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