El célebre artista español Julio Iglesias ha solicitado formalmente el archivo de las denuncias presentadas por dos exempleadas por presuntos delitos sexuales y trata de personas. A través de un escrito remitido por su abogado, la superestrella de la canción latina argumenta que la justicia española carece de jurisdicción para investigar estos hechos, dadas las circunstancias del caso.
El abogado defensor, José Antonio Choclán, dirigió su petición a la Fiscalía de la Audiencia Nacional en Madrid, instancia especializada en asuntos sensibles. En el documento, el letrado exige detener las investigaciones actuales de forma inmediata, alegando que el proceso ha desencadenado una «campaña mediática» que está causando un grave daño reputacional al cantante de 82 años.
La controversia comenzó el pasado 5 de enero, cuando dos antiguas trabajadoras presentaron la denuncia en España. Según sus testimonios, fueron víctimas de vejaciones y acoso sexual por parte del intérprete, quien presuntamente abusaba de su posición de poder frente a empleadas jóvenes y en situación de especial precariedad económica.
Detalles revelados por medios como Univision y elDiario.es incluyen acusaciones más graves, como penetraciones no consentidas descritas por una de las denunciantes. Las investigaciones periodísticas señalan que estos presuntos abusos habrían ocurrido durante el año 2021, localizándose específicamente en las mansiones que el artista posee en la República Dominicana y en las Bahamas.
La estrategia legal de Iglesias se centra en la territorialidad del derecho. Su defensa sostiene que los delitos denunciados «deben perseguirse en el lugar de comisión» y que la jurisdicción española solo podría intervenir de manera eventual si no fuera posible procesarlos en los países donde supuestamente ocurrieron los hechos.
A pesar de la solicitud de archivo, el proceso continúa su curso inicial. Se espera que las dos denunciantes sean escuchadas próximamente por las autoridades judiciales en España, quienes ya les han concedido el estatuto de testigos protegidos para garantizar su seguridad durante las diligencias.
