El gobierno del presidente Donald Trump está poniendo en marcha una iniciativa para desmantelar lo que denomina “la amenaza a la soberanía de Estados Unidos por parte de la Corte Penal Internacional (CPI)”, así lo dijo el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.
En un mensaje de video publicado este lunes, Rubio afirmó que, en un principio, la CPI tenía por objeto juzgar solo los delitos más graves, pero acabó convirtiéndose en “algo mucho más radical y extremo”, por lo que la administración Trump no permitirá que la corte amenace al personal estadounidense.
Un funcionario del Departamento de Estado, que pidió mantenerse en el anonimato, dijo antes a Reuters que se barajan opciones como prohibiciones de viaje, revocaciones de visas, un endurecimiento de las sanciones contra la CPI y las organizaciones afiliadas, y presión diplomática sobre otros países para que se retiren.
“Ninguna opción diplomática quedará descartada en la campaña para desmantelar la amenaza que supone la CPI para los estadounidenses”, afirmó el Departamento de Estado en un comunicado.
La portavoz de la CPI, Oriane Maillet, señaló que el tribunal no hará comentarios sobre el asunto en esta fase.
La CPI, una figura incómoda para EU
Trump y otras figuras de Washington, como el ex presidente George W. Bush, llevan tiempo afirmando que la CPI no debería tener competencia para investigar y juzgar a ciudadanos estadunidenses, en particular a miembros de sus fuerzas armadas.
Estados Unidos nunca ha sido miembro del tribunal. Sin embargo, el Estatuto de la CPI también otorga a la corte la facultad de juzgar crímenes atroces cometidos en el territorio de los estados miembros por nacionales de países no miembros.
La CPI fue creada en 2002 por la comunidad internacional para juzgar crímenes de guerra, genocidio y crímenes contra la humanidad. Solo ejerce su jurisdicción si un Estado miembro no puede o no quiere juzgar por sí mismo las atrocidades cometidas.
Reuters ha revelado que la Administración Trump respaldó sanciones contra funcionarios de la CPI, en parte para evitar cualquier intento futuro de exigir responsabilidades al presidente republicano o a sus funcionarios por las acciones militares de Estados Unidos en el extranjero.
La CPI emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Nentayahu y el exministro de Defensa, Yoav Gallant. Los acusa de crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza, incluyendo el uso del hambre como arma, asesinato y persecución.
Las órdenes obligan a los 124 Estados miembros de la CPI a detenerlos si ingresan a sus territorios.
