El ex presidente de Colombia, el derechista Álvaro Uribe (2002-2010), fue declarado culpable ayer de los delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal, en un fallo sin precedente en la historia del país sudamericano que la prensa denominó “el juicio del siglo”.
Uribe fue acusado por la fiscalía de idear y promover una estrategia para manipular a testigos, con ayuda de terceros, con el fin de que cambiaran sus versiones o declararan que él no tenía vínculos con el paramilitarismo, lo que la fiscalía constituyó como un intento de engañar a la justicia.
La jueza Sandra Heredia se limitó a anunciar el sentido del fallo y se espera que en una próxima audiencia dé a conocer la condena que debe cumplir el mandatario conservador, quien se expone a una pena hasta de 12 años de cárcel.
La magistrada añadió que indistintamente de la pena que se le impondrá, al ex presidente se le dictará prisión domiciliaria, y añadió que este viernes se dará a conocer la sentencia a las partes, antes de hacerse pública. El medio Telesur informó que la fiscalía de Colombia demandó nueve años de prisión domiciliaria y una multa millonaria por los delitos.
Uribe, quien participó en el juicio de forma virtual, se declaró inocente y alega que es víctima de una persecución política.
El veredicto puso fin a un proceso judicial que se extendió durante 13 años, cargado de tensiones políticas y un intenso debate sobre la independencia de la justicia en Colombia.
El largo proceso judicial comenzó en 2012, cuando Uribe demandó al congresista de izquierda Iván Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia por buscar a presos con el fin de que lo acusaran de tener nexos con los paramilitares de ultraderecha que combatieron a las guerrillas.
En 2018 el tribunal cambió el rumbo de la investigación al sospechar que fue Uribe, entonces congresista, quien intentó sobornarlos para que cambiaran sus versiones. Tras múltiples maniobras judiciales, el ex mandatario renunció al Senado en 2020, perdió sus fueros y el caso pasó a la justicia ordinaria. En 2024, tras la llegada de una fiscal general designada por el presidente Gustavo Petro, ésta llamó a Uribe a un juicio en el que declararon más de 90 testigos.
El ex presidente, quien lidera el Centro Democrático, movimiento opositor a Gustavo Petro, manifestó que se trataba de un juicio político motivado por un deseo de venganza de la izquierda, de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del ex mandatario Juan Manuel Santos, firmante del acuerdo que desarmó a la organización en 2017.
Según Juan Guillermo Monsalve, alias Guacharaco, paramilitar e hijo de un antiguo mayordomo de una de las haciendas de la familia Uribe en San José de Nus (Antioquia), y quien fue testigo en el juicio, Uribe y su hermano Santiago participaron en la creación de un grupo paramilitar conocido como Bloque Metro.
Otro de los personajes claves en el caso fue Carlos Enrique Velez, Víctor, quien señaló y aportó pruebas de que el abogado de Uribe, Diego Cadena, le ofreció hasta 200 millones de pesos para declarar a favor del ex presidente. Según su versión, él y su familia llegaron a recibir 26 millones de pesos de Cadena, quien ha respondido insistentemente que se trató de pagos humanitarios.
Tras conocer la sentencia, el jefe de la diplomacia estadunidense, Marco Rubio, arremetió contra jueces radicales que hallaron culpable a Uribe, y afirmó que su único delito ha sido luchar incansablemente y defender su patria.
Por su parte, Petro aseveró que una intromisión en asuntos judiciales de otro país es una intromisión a la soberanía nacional. El mundo debe respetar a los jueces de Colombia.
Con información de agencia AP, AFP, Europa Press y Sputnik
