Un grupo de cuatro senadores de Estados Unidos advirtieron este jueves al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que si son confiscados los terrenos donde se ubica la planta Calizas Industriales del Carmen (Calica) en Playa del Carmen, Quintana Roo, propiedad de la empresa estadounidense Vulcan Materials, considerarán “todos los recursos disponibles”.
“Han erosionado la confianza que esta delegación tiene en el liderazgo del presidente López Obrador para hacer cumplir nuestros acuerdos de libre comercio existentes y adherirse al Estado de derecho”, indicaron los senadores este jueves en una carta dirigida a la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena.
“Si se confiscan la tierra y el puerto de Calica o Vulcan Materials, nos veremos obligados a considerar todos los recursos a nuestra disposición para garantizar que ninguna entidad o individuo se beneficie del robo de esta propiedad”, agregaron los senadores Tommy Tuberville, Katie Boyd, Bill Hagerty y Tim Kaine.
En el comunicado indicaron que Calica y Vulcan Materials ha sufrido persistentes amenazas y acoso por parte del gobierno mexicano, incluida “una segunda invasión militar y ocupación de la compañía en marzo de 2023” y la declaración del presidente López Obrador de “convertir la propiedad en una Área Natural Protegida”.
Los senadores señalaron que desde hace dos años han buscado “una explicación por el trato injusto” a la empresa extranjera por el gobierno del presidente López Obrador: “Esta semana se cumplen dos años desde que se invadió ilegalmente y cerró las operaciones legales de Calica o Vulcan en Quintana Roo, México”.
Finalmente, pidieron al gobierno de México en revertir las acciones que tomaron en contra de la empresa con base en Alabama, y encontrar una solución que beneficie a ambos países.
El 14 marzo de 2023, policías y marinos ocuparon las instalaciones del muelle de Calica o Vulcan Materials en Punta Venado, cerca de Playa del Carmen.
Posteriormente, el 20 de marzo de ese mismo año, Vulcan Materials y su filial Calica, indicó que la policía, acompañada de elementos de la Marina, entró a la fuerza a su muelle.
En ese entonces, la senadora estadounidense Katie Britt argumentó que esta acción fue ilegal e inaceptable.
El presidente López Obrador cerró las canteras de Vulcan en mayo de 2022, argumentando que la empresa ha extraído o exportado piedra sin aprobación.
Los senadores estadounidenses Tommy Tuberville, Katie Britt, Bill Hagerty y Tim Kaine, enviaron una carta a la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) de México, Alicia Bárcena, para instarla a tomar medidas con respecto al supuesto “maltrato” del Gobierno mexicano a Vulcan Materials Company, con sede en Alabama, y cuya filial se dedicaba a la extracción de piedra caliza y realizaba operaciones en Quintana Roo.
“Como sin duda sabrá, Vulcan Materials Company (Vulcan) es una empresa con sede en Alabama que cuenta con un puerto de aguas profundas y una cantera de piedra caliza en México. A través de múltiples interacciones con el Gobierno de México (GOM) durante los últimos dos años, hemos buscado una explicación para el trato injusto de Vulcan por parte del GOM. Esta semana se cumplen dos años desde que el GOM invadió ilegalmente y cerró las operaciones legales de Vulcan en Quintana Roo, México”, dice la carta conjunta.
En 2022, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) anunció la clausura de extracción de piedra caliza en Playa del Carmen, Quintana Roo, por parte de la empresa Calica, filial de Vulcan Materials Company. Meses más tarde, la Administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una denuncia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en contra de la empresa estadounidense por el desastre ambiental al sur del país.
“Si se confiscan la tierra y el puerto de Vulcan, nos veremos obligados a considerar todos los recursos disponibles a nuestra disposición para garantizar que ninguna entidad o individuo se beneficie del robo de esta propiedad”, advirtieron los legisladores estadounidenses a la Canciller Alicia Bárcena.
La firma Vulcan Materials, antes Calica, adquirió una serie de canteras de piedra caliza cerca de Playa del Carmen en la década de 1990, cuando la zona no era un destino turístico tan popular como ahora.
El Gobierno mexicano le han bloqueado a la filial los permisos para hacerlo desde fines del 2018, por lo que ésta pidió un arbitraje en el marco del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, que todavía no ha sido resuelto.
“Vulcan ha operado un negocio ambientalmente galardonado en México durante más de tres décadas, impulsando el crecimiento económico en la región. La hostilidad del gobierno mexicano hacia Vulcan es injustificada y pone en peligro la relación bilateral de larga data entre México y Estados Unidos. Continuaré luchando por la prosperidad de las empresas estadounidenses y espero que esta situación se resuelva rápida y justamente”, dijo el senador Tuberville.
Por su parte, el senador Britt insistió que la conducta del Presidente López Obrador es inaceptable e ilegítima, según las leyes mexicanas y el derecho internacional. “Proyectos de infraestructura clave en Alabama y en todo el sureste de Estados Unidos siguen en peligro debido a la anarquía de esta administración presidencial mexicana. Siempre defenderé los intereses económicos y de seguridad de Alabama y Estados Unidos”, dijo.
Asimismo, el senador Hagerty dijo que la situación de la empresa ha sido recibida con una fuerte reprimenda bipartidista en el Senado, e instó a la administración Biden a presionar inmediatamente al gobierno mexicano para que cambie de rumbo. “Las acciones del presidente López Obrador hacia esta empresa han socavado el Estado de derecho, las normas diplomáticas y las relaciones económicas, comerciales y de inversión dentro de América del Norte”, aseguró.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló en octubre que además del predio donde Vulcan Materials, antes Calica, explotó la zona para la extracción de piedra caliza en Playa del Carmen, Quintana Roo, la compañía también tiene dos mil hectáreas concesionadas más de selva.
“Hay una denuncia internacional, ellos alegan que la clausura fue ilegal y piden que se les paguen mil 500 millones de dólares. Nosotros planteamos lo opuesto: que destruyeron el territorio. Vamos a defender que ya no se pueda seguir usando como banco de material esta zona, además tienen cerca de 2 mil hectáreas más concesionadas y es selva, no es posible permitir que sigan explotando”, dijo el mandatario entonces.
En la carta, los senadores afirmaron que, junto con el resto de la delegación de Alabama, se unieron para defender a la transnacional en su actual disputa con México. Hasta el momento no se ha conocido la respuesta del Gobierno de México.
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