El gobierno de Donald Trump dio inicio a la aplicación del nuevo arancel de 10 por ciento ordenado por el mandatario estadounidense aplicable a varios países.
Así Estados Unidos comenzó a aplicar el llamado arancel global adicional del 10% a la mayoría de las importaciones, luego de que el mandatario no formalizara a tiempo el aumento al 15% del que advirtió días antes.
La decisión instaurada este 24 de febrero marca un nuevo capítulo en la confrontación entre la Casa Blanca y la Corte Suprema de Estados Unidos, que el 20 de febrero invalidó buena parte del esquema arancelario impulsado por Trump durante su segundo mandato.
En un fallo 6-3, el máximo tribunal determinó que el presidente excedió su autoridad al utilizar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para justificar aranceles generalizados bajo el argumento de “seguridad nacional”, señalando que tales medidas requieren aprobación del Congreso.
Entre los aranceles anulados se encuentran los impuestos sobre México y Canadá vinculados al fentanilo, los gravámenes adicionales a Brasil y a India por represalias políticas, y los impuestos a países que suministran petróleo a Cuba.
Ante este revés, Trump recurrió a la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que permite imponer aranceles temporales por hasta 150 días para enfrentar déficits “grandes y graves” en la balanza de pagos y problemas estructurales del comercio internacional.
Bajo este nuevo marco, el arancel del 10% comenzó a aplicarse de inmediato y estará vigente hasta el 23 de julio, salvo que el Congreso autorice su prórroga. La Casa Blanca indicó que, aunque el aumento al 15% aún no se formaliza, está trabajando en una orden ejecutiva separada que podría implementarlo más adelante.
El recargo afecta a prácticamente todas las importaciones, pero contempla exenciones específicas: productos agrícolas como carne de res y tomates, medicamentos, minerales críticos y metales para monedas, ciertos bienes energéticos y aeroespaciales, donaciones y equipaje relacionado.
También quedan fuera los sectores que ya enfrentan aranceles independientes, como el acero y aluminio —con gravámenes de hasta 50%— y los bienes amparados por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
El fallo del Supremo también tuvo implicaciones en el comercio electrónico. Aunque originalmente la decisión sobre la IEEPA reactivaba la exención “de minimis” para envíos de bajo valor, Trump emitió una orden ejecutiva separada que reafirma la continuación del cobro de aranceles a estos productos, incluidos los enviados por correo internacional, afectando especialmente a plataformas chinas como Temu y Shein.
Si bien esta medida busca corregir un déficit comercial anual de 1.2 billones de dólares en bienes y un déficit por cuenta corriente equivalente al 4% del PIB, genera incertidumbre internacional. Socios como Japón han solicitado garantías para mantener condiciones favorables, mientras la Unión Europea y Reino Unido buscan preservar acuerdos previos.
Más allá de la aplicación del 10%, Trump ha advertido que los países que se retracten de compromisos comerciales recientes podrían enfrentar aranceles “mucho más elevados”, dejando abierta la puerta a una escalada de disputas comerciales. El nuevo arancel no solo refleja la estrategia de presión constante de la Casa Blanca, sino que confirma que la política arancelaria seguirá siendo uno de los ejes más controvertidos y determinantes de su segundo mandato.