El gobernador de Tennessee, Bill Lee, firmó la propuesta de ley antimigrante SB2576, que entrará en vigor el próximo 1 de julio y ordenará a los agentes estatales a cooperar con las autoridades federales de migración, con el objetivo de deportar a las personas indocumentadas que sean detenidas por presuntos delitos.
La firma del proyecto de ley prendió alarmas en el gobierno mexicano, cuya canciller, Alicia Bárcena Ibarra, expresó la “gran preocupación” de la administración de Andrés Manuel López Obrador respecto a “nuevas medidas en Estados Unidos contra derechos humanos”.
“Reforzaremos asistencia consular ante posibles casos de separación de familias, así como prácticas discriminatorias y de perfilamiento racial”, aseveró la canciller en sus redes sociales.
La ley SB2576 abriría la puerta a que policías locales realicen detenciones arbitrarias basadas en el perfil racial de las personas, según advirtieron organizaciones defensoras de derechos humanos.
La gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, también promulgó una ley 2340, que tipifica como delio grave la entrada al territorio estatal de una persona indocumentada a la que se le haya negado un trámite migratorio.
Iowa aprueba ley antimigrante
De acuerdo con una ley aprobada el miércoles 10 de abril por la gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, si una persona se encuentra en el estado después de que se le ha negado la entrada a Estados Unidos o se le ha expulsado del país estaría cometiendo un delito estatal.
La ley, que entra en vigor el 1 de julio, ha incrementado el nerviosismo en las comunidades de inmigrantes en Iowa y ha hecho surgir preguntas entre expertos jurídicos y policiales sobre cómo será aplicada. La ley se asemeja en parte a una ley de Texas que actualmente ha sido bloqueada en los tribunales.
En Iowa y en todo el país, líderes republicanos han acusado al presidente Joe Biden de desatender su responsabilidad de hacer cumplir la ley federal de inmigración, ante lo cual algunos gobernadores republicanos han enviado soldados a Texas, y las asambleas legislativas han propuesto diversas estrategias en el ámbito estatal.
“El gobierno de Biden no ha hecho respetar las leyes de inmigración de nuestra nación, poniendo en riesgo la protección y la seguridad de los habitantes de Iowa”, dijo Reynolds en un comunicado tras aprobar la ley. “Esta ley da a la policía de Iowa el poder de hacer lo que él no está dispuesto a hacer: aplicar las leyes de inmigración que ya están en los libros”.
Después de que la asamblea legislativa aprobó el proyecto de ley, el jefe de la policía de Des Moines, Dana Wingert, dijo a The Associated Press en un correo electrónico en marzo que el estatus de inmigración de una persona no influye en el trabajo del departamento para mantener segura a la comunidad. Indicó que la fuerza policial “no está equipada, financiada ni cuenta con el personal” para asumir responsabilidades que pertenecen al gobierno federal.
“En pocas palabras, no sólo no tenemos los recursos para asumir esta tarea adicional, sino que ni siquiera tenemos la capacidad de realizar esta función”, dijo Wingert.
Shawn Ireland, presidente de la Asociación de Alguaciles y Policías del Estado de Iowa y alguacil adjunto del condado Linn, dijo también en un correo electrónico en marzo que los agentes policiales tendrían que consultar con los abogados del condado para obtener orientación sobre la implementación y la aplicación.
La ley de Iowa, al igual que la de Texas, podría derivar en acusaciones penales a personas que tengan órdenes de deportación pendientes o que previamente hayan sido expulsadas de Estados Unidos o se les haya negado la entrada. Una vez bajo arresto, los migrantes podrían aceptar la orden de un juez de salir del país o ser procesados.
La orden del juez debe identificar el método de transporte para salir de Estados Unidos, y un agente policial o una agencia de Iowa deberán supervisar la partida de los migrantes. Quienes no se vayan podrían enfrentar un nuevo arresto por acusaciones más graves.
La ley de Texas está estancada en los tribunales tras ser impugnada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que considera que entra en conflicto con la autoridad de inmigración del gobierno federal.
El proyecto de ley de Iowa enfrenta las mismas cuestiones en torno a su implementación y aplicación que la ley de Texas, ya que la deportación es un proceso federal “complicado, costoso y frecuentemente peligroso”, dijo Huyen Pham, experta en leyes de inmigración en la Facultad de Leyes A&M de Texas.
Mientras tanto, grupos de la comunidad de inmigrantes de Iowa organizan reuniones y crean materiales informativos para tratar de responder las preguntas de las personas. También piden a los organismos policiales locales y de los condados que emitan declaraciones oficiales, y que se lleven a cabo reuniones presenciales.
En una reunión comunitaria en Des Moines, 80 personas se reunieron e hicieron preguntas en español, entre ellas si deben irse del estado.
Otras preguntaron si era seguro llamar a la policía, si la policía puede preguntarles acerca de su estatus migratorio, y qué ocurrirá si se les discrimina debido a su raza.
Con información de agencia AP
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