El Departamento de Justicia de Estados Unidos detuvo en San Antonio, Texas, a 4 mexicanos sospechosos de la muerte por falta de oxígeno de 53 personas indocumentadas que se encontraban en un tráiler hace un año.
Los detenidos son Riley Covarrubias, de 30 años, Felipe Orduña Torres, de 28 años, Luis Alberto Rivera Leal, de 37, y Armando Gonzales, de 53, acusados de transportar migrantes de manera ilegal entre diciembre de 2021 y junio de 2022 en una organización de tráfico de personas.
A los acusados se les imputa el delito de conspiración para transportar extranjeros de manera ilegal, debido a que también se les acusa de intercambiar información sobre los migrantes.
Los 4 se suman a Homero Zamorano, quien era el conductor del tráiler y quien fue juzgado anteriormente por la justicia estadounidense y en caso de ser hallados culpables, los implicados podrían cumplir la pena de cadena perpetua en Estados Unidos.
El fiscal General, Merrick B. Garland, aseguró que los traficantes se aprovechan de la esperanza de los migrantes de una vida mejor, priorizando sus ganancias.
“Trágicamente, 53 personas que habían sido cargadas en un camión con remolque en Texas y soportaron horas de crueldad inimaginable perdieron la vida debido a este plan despiadado. Los traficantes de personas que ponen en riesgo la vida de las personas para obtener ganancias y violan nuestras leyes no pueden esconderse por mucho tiempo: los encontraremos y los llevaremos ante la justicia”, declaró Garland.
Alejandro N. Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional, señaló que la detención de los 4 presuntos culpables es un “paso importante en nuestro esfuerzo sin precedentes contra los contrabandistas”, asegurando que los traficantes son personas que harán cualquier cosa para obtener ganancias.
Por su parte, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, declaró que ambos gobiernos continúan trabajando para desarticular redes de tráfico de personas.
Christian Rodríguez pega un poema en una cruz que forma parte de un monumento improvisado en el sitio donde hace un año fue encontrado un semirremolque con decenas de migrantes muertos en San Antonio, Texas.
Así, las autoridades estadounidenses anunciaron ayer el arresto de cuatro personas que, señalaron, participaron en una operación de tráfico de personas el año pasado que terminó con la muerte de 53 migrantes, incluidos ocho niños, que fueron abandonados en un camión remolque en el abrasador verano de Texas.
En el primer aniversario de la tragedia ocurrida el 27 de junio de 2022, informaron que los cuatro imputados desempeñaron un papel de planeación en el tráfico de personas y que estaban al tanto de que el aire acondicionado del tráiler no funcionaba, en un trayecto de casi tres horas desde la ciudad fronteriza de Laredo hasta San Antonio.
Cuando el remolque fue abierto en San Antonio, 48 migrantes ya estaban muertos. Otros 16 fueron trasladados a hospitales, donde cinco de ellos fallecieron.
Ha sido la tragedia más mortífera para migrantes introducidos de forma irregular por la frontera sur de Estados Unidos. Entre las víctimas había 27 mexicanos, 14 hondureños, siete guatemaltecos y dos salvadoreños.
El conductor y otro hombre fueron detenidos poco después de encontrar a los indocumentados. Fueron acusados de tráfico de personas que resultó en muerte y de asociación delictuosa.
Los cuatro nuevos arrestos fueron realizados el lunes en Houston, San Antonio y Marshall, Texas. Los acusados son Riley Covarrubias Ponce, de 30 años; Felipe Orduña Torres, de 28; Luis Alberto Rivera Leal, de 37, y Armando Gonzales Ortega, de 53. Todos fueron acusados de asociación delictuosa para transportar migrantes que resultó en muerte, de causar lesiones corporales graves y de poner vidas en peligro. Cada uno enfrenta una pena máxima de cadena perpetua si es declarado culpable.
Un acta de acusación de un jurado investigador federal revelada el martes muestra algunos detalles de una “asociación mosaico” de traficantes que les permitía “consolidar costos, repartir riesgos y operar de forma más rentable”.
El acta sostiene que los hombres participaban en operaciones de contrabando en Guatemala, Honduras y México, y compartían rutas, guías, escondites, camiones y remolques, algunos de los cuales se guardaban en un estacionamiento privado de San Antonio.
Los migrantes pagaban a la organización hasta 15 mil dólares cada uno para cruzar la frontera de Estados Unidos. La tarifa cubría hasta tres intentos de entrar en el país.
Los migrantes recibían una palabra clave que debían proporcionar en varios puestos de control durante su viaje, que demostraría que eran “clientes” que pagaron a un contrabandista que había hecho los arreglos para ellos.
Una grabación de una cámara de seguridad muestra cuando el camión pasó por un puesto de control de la Patrulla Fronteriza.
Con información de agencia AP
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