Buenos Aires.- El mandatario argentino, Javier Milei, su hermana Karina, secretaria General de la Presidencia, y asesores más cercanos concluyen la semana envueltos en escándalos que estremecen las bases institucionales y morales del gobierno.
Y, paralelamente, están afrontan el empantanamiento de una economía que en la práctica golpea a los argentinos, su industria básica que son las pequeñas y medianas empresas, al comercio mayorista y minorista por la merma del consumo, y una actividad industrial ralentizada en torno al 50 por ciento.
A su vez, como resultado de su política de desregulación y achicamiento del Estado unos 184 mil trabajadores estatales han quedado en la calle, más despidos en otros sectores fabriles alargan la ya larga fila de desocupados, mientras los salarios no avanzan con el consiguiente detrimento del poder adquisitivo.
En medio de todo eso, sale a la luz un escándalo de corrupción por operaciones ilícitas de ventas a precios sobregirados de medicamentos a una droguería en Buenos Aires, la Suizo Argentina SA, para la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) cuyo director reveló que se repartían coimas entre Karina, su más allegado asesor Eduardo “Lule” Menem y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
Las enormes sumas que se repartían eran de 800 mil dólares mensuales, según detalló en audios que emergieron a la superficie pública el titular de ANDIS, Eduardo Spagnuolo, amigo, ex abogado de Milei y excandidato por La Libertad Avanza, ahora defenestrado del cargo e indagado por la justicia.
Jorge Rial, conductor del programa televisivo “Argenzuela” del canal C5N, reveló que los contratos del gobierno con Droguería Suizo Argentina SA de medicamentos para ANDIS eran por 25 mil millones de pesos al año (18 millones 940 mil dólares), aprobados por el ejecutivo.
En el torbellino de revelaciones que agravan el escándalo, el periodista Pablo Duggan, conductor del programa “Duro de domar”, advirtió en Radio 10 que el ministro de Defensa, Luis Petri, también firmó contratos con Droguería Suizo Argentina SA por 100 mil millones de pesos (75 millones 758 mil dólares) por instancia de la presidencia.
Esos contratos eran para medicamentos destinados a las clínicas del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas en momentos en que los militares se quejan de pobres servicios médicos y falta de medicamentos.
Las dependencias de IOSFA también atienden al personal y familiares de la Gendarmería Nacional Argentina y la Prefectura Naval Argentina, que están bajo la égida del Ministerio de Seguridad que dirige Patricia Bullrich, cuyo nombre ahora emerge así en el escandaloso embrollo.
La policía interceptó en horas tempranas del viernes a Spagnuolo cuando salía de su residencia del Nordelta, una de las áreas más exclusivas en la periferia de la capital; le incautaron dos celulares y sobres en los que tenía repartido unos 260 mil dólares.
El exdirector de ANDIS corroboró que su voz es la que está en las grabaciones y la veracidad de sus dichos.
Jonathan Viale, Premio Nacional de Radio, conductor de programas radiales y televisivos, y uno de los cuatro más fervientes mediáticos defensores de Javier Milei desde la campaña electoral y ahora de su gobierno, tuvo un atisbo de recapacitación y resumió:
“Vamos a los hechos: primero, una estafa por una cripto promocionada por el presidente; segundo, valijas que se saltaron los controles de aduana traídas desde Estados Unidos por alguien muy cercano al gobierno, Leonardo Scatturice (señalado como ex agente de la CIA); tercero, el Banco Nación contratando a la empresa de la familia del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y ahora, cuatro, tenemos un audio filtrado del exdirector de Discapacidad contando que ‘Lule’ Menem, mano derecha de Karina Milei, puso gente para quedarse con un retorno de laboratorios con contratos a sobreprecios”.
“No sienten Uds, tal vez me equivoco, que son ya demasiados escándalos de un gobierno en un año y medio”, cuestionó.
Investigan a los Milei
La justicia argentina investiga una trama de corrupción en la compra de medicamentos para discapacitados que involucraría al círculo más cercano del presidente Javier Milei y a laboratorios locales.
El juez federal Sebastián Casanello ordenó este viernes 15 allanamientos, entre ellos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), cuyo titular Diego Spagnuolo fue removido de su cargo el jueves tras difundirse en medios periodísticos locales una serie de audios en los que aludía al pago de sobornos a la secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario, Karina Milei, como paso previo para autorizar la adquisición de las medicinas.
La información fue confirmada a AP por una fuente vinculada con la investigación que pidió reserva de identidad como condición para brindar detalles de los operativos.
El escándalo estalló la misma semana en la que el Congreso, controlado por la oposición, dio el primer paso para rechazar el veto presidencial a una ley que declara la emergencia en discapacidad y contempla mejoras en las prestaciones para ese sector vulnerable de la población, en un claro desafío a la política de ajuste de Milei.
Las medidas judiciales se adoptaron a partir de una denuncia presentada por el abogado Gregorio Dalbón, quien representa en otras causas a la expresidenta y líder opositora Cristina Fernández de Kirchner.
El letrado solicitó a la justicia investigar a Spagnuolo, a Karina Milei, al subsecretario de Gestión Institucional Eduardo Menem y a ejecutivos de la distribuidora de medicamentos Suizo Argentina por los delitos de administración fraudulenta, estafa, cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública.
Fue días después de que medios locales difundieran audios de Spagnuolo –amigo y abogado de Milei antes de asumir la presidencia en 2023— en los que describe que ejecutivos de la droguería Suizo, que abastece al Estado, les piden a laboratorios locales un retorno “para la Presidencia”.
“A Karina le llega el 3% y el 1% se va en la operatoria”, se escucha en uno de los mensajes.
Tras salir a la luz los audios, el gobierno removió a Spagnuolo y ordenó la intervención de la Agencia Nacional de Discapacidad. En un comunicado de la vocería presidencial, la administración de Milei no se pronunció sobre los supuestos sobornos, pero apuntó a una “utilización política” del caso por parte de la oposición en el marco de la campaña electoral para las elecciones legislativas de octubre.
El juez Casanello no ordenó detenciones por el momento.
Según la fuente, en los allanamientos se secuestró “documentación contable, soportes informáticos, teléfonos celulares, agendas personales y otros elementos que guardan relación directa con la hipótesis investigativa”.
Con información de agencias Prensa Latina y AP
