Fiscales de Estados Unidos solicitaron al juez Brian Cogan bloquear declaraciones sobre acciones de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, sobre altos funcionarios de Estados Unidos y el caso contra el extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda.
De acuerdo con un archivo del Departamento de Justicia de Estados Unidos, se presentó una moción para que el acusado no pueda presentar las declaraciones realizadas tras su arresto.
Aunado a las declaraciones, la solicitud también busca que no se pueda presentar fotografías del acusado junto a funcionarios del gobierno del país en donde es juzgado, para evitar generar “rumores inadmisibles”.
Esta medida habría sido solicitada luego de que se demostrara que García Luna mintió en declaraciones tras su arresto sobre haberse reunido con miembros y grupos del crimen organizado.
“Se debe impedir que el acusado obtenga cualquiera de sus declaraciones adicionales posteriores al arresto de los testigos del gobierno, ya que constituyen rumores inadmisibles”, se lee en el documento compartido por el periodista Keegan Hamilton.
Asimismo, el documento busca que García Luna no pueda presentar argumentos referentes al caso del general Salvador Cienfuegos Zepeda, extitular de la Sedena.
Los fiscales argumentan que el procurador general de Justicia de Estados Unidos, William Barr, anuló en noviembre de 2020 los cargos contra Cienfuegos, por lo que es considerado como irrelevante en el caso de García Luna.
Los fiscales del caso contra Genaro García Luna, el secretario de Seguridad y mano derecha del Presidente mexicano Felipe Calderón entre 2006-2012 acusado y a la espera de su juicio por nexos con el narcotráfico en Estados Unidos, pidieron al Juez Brian Cogan que su defensa no pueda usar a su favor elogios que le hicieron altos funcionarios de aquel país.
En una carta enviada a Cogan, los fiscales federales solicitan también que no le permitan usar al equipo de García Luna referencias ni evidencias que pertenezcan al caso del exsecretario de la Defensa mexicano, Salvador Cienfuegos, que fue desechado en su momento en Estados Unidos –en un caso pocas veces visto– para ser enviado a México, donde se decidió no ejercer acción penal en su contra a pesar de las acusaciones que pesaban en su contra en el país vecino del norte.
“Es irrelevante para este caso” que se haya desestimado el caso contra Cienfuegos, dijeron los fiscales. El 17 de noviembre de 2020, la jueza al frente del caso Cienfuegos determinó que se retiraran los cargos de narcotráfico y lavado de dinero que pesaban sobre el exmilitar, en una decisión inusual sugerida por el Departamento de Estado de EU, luego de días ríspidos en que, se filtró después, el Gobierno mexicano hiciera amenazas veladas de cortar la cooperación con Estados Unidos en materia de narcotráfico, en especial la presencia de los elementos de la DEA.
A menos de un mes para el inicio del juicio de García Luna en una corte de Nueva York, el fiscal Breon Peace argumentó que, durante una entrevista luego de su captura, García Luna “realizó declaraciones sobre otros temas, incluidas sus conexiones con funcionarios estadounidenses de alto rango”. “El hecho de que el acusado recibiera tales reconocimientos y cortesías durante su posición como alto funcionario del Gobierno de México no tiene relación con el tema de si recibió sobornos del cártel de Sinaloa o si conspiró con el grupo”, añadió.
Los fiscales del caso temen que García Luna use precisamente la misma carpeta que presentó en 2013, cuando solicitó una visa. En aquel momento, incluyó declaraciones de funcionarios, diplomáticos y de seguridad nacional para argumentar en su favor ante las autoridades migratorias.
También pidieron que no se le permita a la defensa presentar, por ejemplo, fotografías de sus reuniones con legisladores y otros altos funcionarios del Gobierno de Estados Unidos, cuando García Luna encabezaba la Seguridad Pública mexicana, llamado entonces “súper policía” en el gabinete de Calderón.
En noviembre, el juez Cogan autorizó aplazar su audiencia para el 17 de enero de 2023. El juicio del exfuncionario mexicano, quien se encuentra preso en Estados Unidos por tener supuestos vínculos con el narcotráfico, estaba previsto para el 9 de enero de 2023, sin embargo, las autoridades estadounidenses indicaron que será ese día cuando los 400 potenciales del jurado llenen los cuestionarios de selección.
Por ello, será el 17 de enero cuando se seleccione a los miembros del jurado e inmediatamente después iniciará el juicio en la corte federal de Brooklyn. De ser declarado culpable, García Luna enfrentará una pena máxima de cadena perpetua.
García Luna, de 53 años, fue secretario de Seguridad Pública durante el Gobierno del entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012). Fue arrestado en 2019 en Estados Unidos y se ha declarado inocente de los cargos en su contra.
Los fiscales le acusan de recibir millones de dólares en sobornos por parte del cártel de Sinaloa a cambio de que la organización criminal pudiera operar a sus anchas. También de mentir a las autoridades.
El pasado 22 de noviembre, la defensa de Genaro García Luna intentó que se le fueran retirados los cargos de asociación delictiva para distribuir cocaína y participación en una empresa criminal, pero el juez le negó dicha petición. Ya que esa decisión, indicó el juez, sólo se podrá tomar durante el juicio.
Según el documento publicado por el juez Brian Cogan, los abogados del exfuncionario mexicano argumentaron que García Luna dejó su cargo en 2012 y, como no fue acusado de cooperar con el cártel de Sinaloa hasta 2019, ya habían pasado más de los cinco años que las autoridades estadounidenses estipulan como plazo para presentar la acusación.
Sin embargo, Cogan argumentó que el hecho de que se retirara de la vida pública no implica que se terminaran sus vínculos con la organización criminal en esa fecha. El juez federal indicó que si García Luna demuestra que se retiró de su colaboración con el cártel, deberá ser el jurado el que decida si se retiran cuatro de los cinco cargos en su contra o no.
Los abogados defensores también pidieron al tribunal que los fiscales presentaran una lista detallada con los nombres de otros involucrados en el caso y los testigos del juicio, pero el juez dio la razón a la Fiscalía que argumentó haber proporcionado a la defensa “un volumen extraordinario de material” y que continuará haciéndolo de forma continua antes del juicio.
Con información de agencia AP
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