La presidenta de Perú, Dina Boluarte, aseguró este domingo que el Gobierno de México ha concedido asilo político a la esposa e hijo del exmandatario Pedro Castillo.
Boluarte explicó que la ministra de Exteriores peruana, Ana Cecilia Gervasi, le informó en los días anteriores de la decisión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
“Hace unos días me comunicó la canciller que el Estado mexicano ya había dado asilo político y yo lo que le dije a ella es que proceda conforme a la ley, todo lo que enmarca el marco legal”, ha declarado Boluarte en una entrevista al programa ‘Panorama’.
Gervasi señaló a la presidenta que las investigaciones que involucran a la exprimera dama, Lilia Paredes, y su hermana, Yenifer Paredes, por presunta organización criminal, lavado de activos y colusión agravadas no son un impedimento para que se acojan a dicho beneficio.
“Lo que la canciller me dice es que la investigación que se está dando en la Fiscalía no tendría por qué inmiscuirse en el tema de un probable asilo político”, relató.
La mandataria, además, expresó su rechazo a injerencias por parte de gobiernos extranjeros, en referencia a la carta conjunta de Argentina, Colombia, Bolivia y México, en apoyo a Castillo.
“Hemos traído a nuestros embajadores en consulta porque no vamos a permitir que ningún país o gobierno extranjero tenga injerencia en el Estado peruano. Habrá que preguntarles a ellos por qué lo protegen”, afirmó.
“Si Pedro Castillo ya no es presidente ahora es porque ha dado un golpe de Estado y lo capturan por ese acto doloso, además ha roto el orden constitucional”, agregó.
La UE expresa su apoyo a Dina Boluarte pero condena el uso excesivo de la fuerza que ha dejado 25 muertos en Perú.
Suman ya 25 muertos por las protestas en Perú
La Unión Europea expresó este lunes su apoyo a la línea política emprendida por la presidenta de Perú, Dina Boluarte, en el marco de la crisis en el país tras la salida del poder de Pedro Castillo, aunque ha condenado el uso de la violencia y el uso excesivo de la fuerza tras la muerte de 25 ciudadanos en las protestas que exigen la convocatoria de unas elecciones adelantadas y la excarcelación de Castillo.
“La UE reafirma la importancia de asegurar la estabilidad política y abordar las crisis política y social en Perú en total respeto con el orden constitucional, el Estado de Derecho y los Derechos Humanos. La UE apoya los esfuerzos políticos en marcha liderados por la presidenta Dina Boluarte”, ha señalado un comunicado del Servicio de Acción Exterior de la UE.
Precisamente la nueva presidenta peruana informó ayer domingo de la destitución del primer ministro, Pedro Angulo, tan solo diez días después de su designación, como parte de una reestructuración del gabinete y en plena oleada de protestas en el país protagonizadas por los seguidores de Castillo.
En este sentido, la UE insiste en el derecho a la protesta pacífica de los peruanos y condena “cualquier uso de la violencia y del uso excesivo de la fuerza”, tras mostrar su “preocupación” por las informaciones que apuntan a la muerte de decenas de personas en protestas antigubernamentales.
“Más de dos decenas de personas han muerto, algunos de ellos con armas de fuego y muchos más resultaron heridos durante recientes manifestaciones”, ha afirmado la diplomacia comunitaria, que reclama a los actores políticos en el país que trabajen con espíritu de diálogo y para reducir las tensiones en Perú.
A este respecto, Boluarte sostiene que su Ejecutivo ordenó “las medidas correctas” para contener los actos de violencia, al establecer el uso de gases lacrimógenos y no perdigones, a pesar de algunas imágenes que se han difundido por las redes sociales. “Hemos dado las medidas correctas para llamar a la calma al país, pero sobre todo para cuidar la vida y la salud, y también los negocios de las personas”, aseguró.
Castillo se encuentra en prisión preventiva por los delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública. El exmandatario cumplirá en principio 18 meses de prisión preventiva en el mismo recinto donde cumple una condena a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).
Con información de agencia Europa Press
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