Caos en Ecuador por la violencia del ‘narco’
Hombres con fusiles y granadas irrumpieron ayer en un canal de televisión durante una transmisión en directo en Ecuador, en la imagen más representativa de un día de terror en el cual el presidente Daniel Noboa declaró al país en conflicto armado interno, y ordenó a los militares neutralizar a las bandas narcocriminales que intensificaron sus ataques.
Los incidentes registrados en Guayaquil, epicentro de la violencia, dejaron saldo de al menos 10 muertos. Antier, Noboa decretó el estado de excepción por la fuga carcelaria del jefe de una de las bandas criminales más grandes del país.
A ese escenario se sumaron ataques con explosivos en varias ciudades, incendios de automóviles, robos violentos y motines en varias cárceles con retención de agentes penitenciarios.
A través de la red social X, Noboa hizo pública la firma de un decreto ejecutivo declarando el conflicto armado interno, mientras rige un estado de excepción por 60 días ante los secuestros de policías, los ataques a la prensa y los motines carcelarios. El mandatario, de 36 años, ordenó a las fuerzas armadas ejecutar operaciones militares para neutralizar a una veintena de grupos del crimen organizado a los que identificó como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes.
El decreto fue dado a conocer luego de que hombres armados y encapuchados ingresaron al canal TC Televisión en Guayaquil cuando transmitía en vivo un noticiero, lo que generó una dramática situación que se extendió al menos 30 minutos hasta que intervino la policía. No disparen, por favor, no disparen, gritaba una mujer en medio de las detonaciones producidas en el set de televisión.
Antes de que se apagaran las luces del set se observó a los encapuchados empuñar una granada, apuntar con armas a trabajadores y colocar lo que parecía un taco de dinamita en la chamarra de una persona. La policía dijo más tarde que puso fin a la toma del canal y detuvo a 13 personas.
Al menos 10 personas murieron y dos resultaron heridas en Guayaquil. Según informó la policía, todo ocurrió en varios episodios: uno de ellos en un centro comercial, otro en el barrio Pascuales y el resto en distintos sectores. Durante el día los centros de vigilancia atendieron mil 932 llamadas y 650 emergencias. Además, los atacantes tomaron cinco hospitales.
Las redes sociales mostraron, con una velocidad que hizo imposible verificar toda la información, imágenes de presos amotinados y amenazando a guardias, corridas en universidades, autos incendiados, explosiones en una estación policial y frente a la casa del titular de la Corte Suprema y hasta la voladura de un puente. Algunas de esas imágenes eran de alumnos de la Universidad de Guayaquil huyendo despavoridos de las inmediaciones del campus, después de que se reportó la presencia de hombres armados en la institución.
En los videos también se puede observar cómo los profesores y alumnos de la universidad buscaban atrincherarse dentro de los salones, ante rumores que circulaban sobre posibles golpizas y secuestros de sus compañeros por parte de los comandos armados. Los atacantes intentaron tomar el control de un sector en la universidad, aunque fueron repelidos por las fuerzas de seguridad.
El cuadro de violencia generó medidas inéditas: la estatal Petroecuador reforzó la vigilancia de sus refinerías y pozos, las clases de escuelas y universidades pasaron a ser virtuales, la mayoría de los comercios de las grandes ciudades cerraron sus puertas y los aeropuertos aplicaron operativos especiales de resguardo. El ministerio de Trabajo sugirió la modalidad de teletrabajo por seguridad. El gobierno de Perú declaró en emergencia toda la frontera norte del país.
Desde hace días que Ecuador vive noches de terror a raíz de la fuga de Adolfo Macías, alias Fito, jefe de la banda criminal Los Choneros, quien escapó de la cárcel regional de Guayaquil. Macías amenazó de muerte al candidato presidencial Fernando Villavicencio pocos días antes de su asesinato el 9 de agosto pasado.
La Fiscalía imputó cargos contra dos funcionarios penitenciarios por su presunta responsabilidad en la fuga del criminal de 44 años, quien consiguió el título de abogado en prisión. Los operativos en los penales, o más bien los intentos de revisarlos, dieron paso a motines, retención de guías penitenciarios y revueltas en al menos seis cárceles.
En respuesta a esta fuga Noboa declaró antier un estado de excepción que rige por 60 días en todo el país, incluidas las cárceles. La medida abarca un toque de queda de seis horas desde las 11 de la noche. A la fuga de Fito se sumó ayer la de Fabricio Colón Pico, uno de los capos de Los Lobos, detenido el viernes por el delito de secuestro y su presunta responsabilidad en un plan para asesinar a la fiscal general, Diana Salazar.
Los Choneros están vinculados al cártel de Sinaloa y Los Lobos al cártel Jalisco Nueva Generación.
En medio del estallido siete policías fueron secuestrados en los cantones de Machala, Quito y El Empalme. También se reportaron explosiones contra una estación policial frente a la vivienda del presidente de la Corte Nacional de Justicia y vehículos incendiados. En las cárceles de cinco ciudades del país hay 125 guardias penitenciarios y 14 funcionarios administrativos retenidos, denunció el organismo que administra las prisiones (SNAI). En las redes se multiplicaban los videos de asesinatos de algunos en paralelo a demandas y amenazas de reos encapuchados.
Esta es la primera crisis que enfrenta el gobierno de Noboa, quien llegó al poder en noviembre con la promesa de atacar con mano dura a los narcos vinculados a carteles colombianos y mexicanos. El mandatario atribuyó la arremetida en las cárceles a una represalia por sus acciones para recuperar el control de las cárceles y advirtió que no negociará con terroristas.
Como parte de su cruzada contra el delito el gobierno de Ecuador presentó ante la Corte Constitucional un bloque de preguntas para que sean incluidas en un proyecto de consulta popular. Entre otros temas la propuesta busca garantizar la intervención de las fuerzas armadas en la lucha contra la delincuencia.
La semana pasada el mandatario dijo que construirá dos cárceles de máxima seguridad en las provincias de Pastaza y Santa Elena, al estilo de las inauguradas por su par salvadoreño, Nayib Bukele, en su guerra contra las pandillas. No es soplar y hacer botellas, publicó Bukele en su cuenta de X, sin nombrar a su par ecuatoriano, pero en aparente alusión a sus planes represivos.
Sectores indígenas de la Amazonia llamaron a protestas pacíficas en rechazo a ese proyecto en Pastaza, territorio biodiverso y petrolero. Los actos violentos también se dieron en la costera ciudad de Esmeraldas, cerca de la frontera con Colombia, una de las provincias ecuatorianas controladas por las mafias. En la capital también se reportó el estallido de un auto y la explosión de un artefacto cerca de un puente peatonal.
Ubicado entre Colombia y Perú, los mayores productores mundiales de cocaína, Ecuador pasó de ser territorio pacífico a un fortín de guerra del narco. El año 2023 cerró con más de 7 mil 800 homicidios y 220 toneladas de droga incautadas, nuevos récords en este país de 17 millones de habitantes. Desde 2021 los choques entre presos dejan más de 460 muertos. Además, los homicidios en las calles entre 2018 y 2023 crecieron casi 700 por ciento, al pasar de 6 a 46 por cada 100 mil habitantes.
En medio de una fuerte crisis de seguridad y en un inusual acuerdo, las bancadas legislativas sugirieron en una reunión de emergencia la adopción de indultos y/o amnistías en los casos que sean necesarios para garantizar la tarea de los estamentos de las fuerzas armadas y policía. Los parlamentarios acordaron también respaldar las acciones realizadas por el gobierno en materia de seguridad.
Desde Bruselas, Rafael Correa ofreció su apoyo al presidente Noboa y aseguró que el crimen organizado ha declarado la guerra al Estado. El ex mandatario, que reside en Bélgica desde que terminó su mandato de una década en 2017, exclamó que en este enfrentamiento contra el crimen organizado el Estado debe salir triunfador.
Estados Unidos, Brasil, Chile, Colombia, Venezuela, Paraguay y Argentina, además de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, condenaron por separado la violencia y expresaron su respaldo a Noboa, informaron las agencias de noticias internacionales.
El asalto de un grupo de encapuchados a un canal de televisión de Ecuador mientras transmitía en vivo el noticiero de media tarde irrumpió el martes en la vida de los ecuatorianos con un ataque sin precedentes que evidenció un nuevo salto en la espiral criminal en el país, que vive desde hace tres años sumido en la violencia, la inseguridad y en un récord de homicidios año tras año.
La jornada ya había arrancado con una secuencia de 30 actos violentos en varios puntos del país, con policías secuestrados, motines carcelarios, explosiones de vehículos y precedida por la presunta fuga de la cárcel de los cabecillas de grupos criminales.
Pero nunca antes se había visto en directo ante miles de espectadores el asalto de varias personas que apuntaban y sometían a los presentadores y trabajadores en el estudio central del canal con dos armas largas, dos cortas, una ametralladora y explosivos de tipo industrial y militar, según confirmó después un mando policial de Guayaquil, ciudad en la que está el medio de comunicación.
El incidente fue neutralizado por la policía con un saldo de 13 detenidos. No se ha confirmado oficialmente que hubiera heridos.
Un día antes el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, había decretado su primer estado de excepción y toque de queda nocturno. Era su respuesta a la presunta fuga de la cárcel de Adolfo Macías, alias “Fito, el líder de una banda criminal local a la que las autoridades atribuyen nexos con el cartel mexicano de Sinaloa que cumplía una condena de 36 años de cárcel por asesinato, narcotráfico y otros delitos.
AP explica cómo llegó Ecuador a esta situación:
La violencia empezó a tener repercusión pública en febrero de 2021 con una masacre en el interior de la prisión más violenta del país, la denominada Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, considerada la ciudad más peligrosa del territorio.
El sangriento enfrentamiento en esa cárcel dejó al menos 79 reclusos asesinados y fue el primero de una secuela de violentos choques entre reclusos de bandas rivales.
Según las autoridades, las disputas dentro de las cárceles se originaron con la muerte en diciembre de 2020 de un capo del narcotráfico líder de la banda Los Choneros, Jorge Luis Zambrano, alias “Rasquiña”, vinculada al narcotráfico internacional. Su desaparición derivó en división interna entre grupos locales que buscaban captar su poder.
En septiembre del mismo año se produjo la peor masacre carcelaria en la que 119 reos fueron asesinados en distintos centros penitenciarios, algunos de ellos, decapitados. En total, unos 18 choques violentos dentro de las cárceles han dejado más de 450 prisioneros muertos en los últimos tres años.
La violencia en las cárceles, que las autoridades aseguran que se han convertido en centros de control del crimen organizado, permeó hacia las calles y en Ecuador se desbordaron otros delitos contra ciudadanos como secuestros, asesinatos, robos, extorsiones y más, que han llevado al país a ser uno de los más violentos de la región.
El año 2023 culminó como el más violento de la historia de Ecuador, con más de 7.600 asesinatos, muy por encima de los 4.600 con los que terminó el 2022, que a su vez duplicaban los 2.100 homicidios de 2021.
El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, que asumió el cargo hace un mes y medio, prometió en campaña erradicar la violencia con su plan Fénix, una estrategia de seguridad de la que no se han revelado detalles y que, hasta el momento, no ha frenado los actos de violencia en el país.
A raíz de la desaparición de la cárcel de alias Fito, decretó un estado de excepción y toque de queda nocturno para movilizar a policías y militares a las calles. Con esa disposición, se restringen derechos como el de libre movilidad, reunión, inviolabilidad de domicilio o de la correspondencia.
Con el ataque al canal TC Televisión, Noboa dio un paso más y, sin que se haya explicado el alcance real de la nueva decisión, declaró el martes a Ecuador en “conflicto armado interno” e identificó a los grupos del crimen organizado como “terroristas y actores estatales no beligerantes”.
Entre las organizaciones delictivas mencionadas en el decreto están Los Choneros y Los Lobos, a las que pertenecen los dos cabecillas presuntamente fugados de la cárcel entre el domingo y el martes, así como los Tiguerones, los Lagartos o los Águilas Killer, citados recurrentemente en episodios de violencia anteriores en el país.
El último decreto dispuso, además, a las fuerzas armadas ejecutar operaciones militares “para neutralizar a los grupos identificados”, respetando el derecho humanitario internacional.
Las autoridades ecuatorianas del actual gobierno y de los dos anteriores —de Guillermo Lasso (2021-2023) y de Lenín Moreno (2017-2021)— han sostenido que la violencia empezó inicialmente en las cárceles por disputas entre bandas criminales por el control de esos centros, así como de rutas nacionales e internacionales para la distribución de drogas.
También por el dominio de territorios para la venta de los estupefacientes a nivel local.
De ahí, saltó a las calles hasta alcanzar a la ciudadanía y sus negocios. Los gobiernos que precedieron al de Noboa también decretaron varios estados de excepción y toques de queda, a veces en localidades concretas o en todo el territorio nacional, a veces en el sistema penitenciario, sin que los actos violentos hayan cesado hasta ahora.
El exministro de Defensa, Luis Hernández, aseguró a The Associated Press que el asalto al canal de televisión devela que el crimen organizado “percibió la debilidad del Estado”, por lo cual creyeron que fácilmente podían impartir acciones para “atemorizar” al país “y ponerlo en situación de pánico”.
Hernández respaldó la declaración de “conflicto armado interno” por parte del presidente, lo que le permite el “uso de la fuerza letal”. Y agregó que debe enviarse un mensaje claro a la población para no dejar que se someta “al miedo y al caos”.
Lo que quiere el crimen organizado, apuntó el exministro, es que el Estado se rinda “y eso es lo que no se debe permitir”.
Con información de agencias AFP y AP
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Esta entrada fue modificada por última vez en miércoles, 10 de enero, 2024
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