La ciudad de Medellín, la segunda más grande de Colombia después de Bogotá, tiene sus calles llenas de letreros que dicen: “¡Ni lo intentes, es un delito!”. Lo curioso es que muchos de ellos también están en inglés.
La razón de que haya carteles en inglés en una cuidad donde se habla español no es gratuita. En la última semana, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, lanzó la singular campaña, en medio de escándalos que involucran a turistas extranjeros en casos de pedofilia, abuso y explotación infantil.
La campaña salió después de que estallara el escándalo que involucró al estadounidense Timothy Alan Livingston, de 36 años, quien fue hallado con dos niñas, de 12 y 13 años, en un hotel lujoso de Medellín, ubicada en la turística zona de El Poblado. Sin embargo, las aparentes irregularidades en el operativo le permitieron al involucrado salir del país sin ser procesado.
“Quiero que el mundo entero sepa quién es este depravado, que se sepa en Colombia, en Estados Unidos y en cualquier país”, dijo Gutiérrez en una rueda de prensa a principios de este mes.
Aunque hasta el propio presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha abogado por la extradición de Livingston para que sea procesado por pedofilia, hay un obstáculo que puede resultar insalvable: Washington no ha suscrito un acuerdo que permita esa acción contra sus ciudadanos.
Un problema profundo
Más allá de las medidas tomadas, lo cierto es que Medellín se ha convertido en una de las ciudades más frecuentadas por turistas que se aprovechan de niñas y jóvenes prostituidas, víctimas de trata y explotación sexual.
El objetivo de la campaña en la ciudad es advertir a los posibles depredadores de que se trata de un delito.
No obstante, algunas voces advierten que se trata de una estrategia ineficaz e inapropiada porque la problemática “debe ser afrontada colectivamente, con programas integrales de largo aliento, y no con acciones de un funcionario público que responde a la coyuntura y de forma mediática”, apunta Germán Valencia, del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia.
A la par de los carteles y vallas, Gutiérrez firmó dos decretos: uno que prohíbe por seis meses la oferta de turismo sexual en el opulento barrio de El Poblado, y otro que limita el funcionamiento de bares hasta la 1:00 de la mañana, solo por un mes.
En Colombia, la prostitución no es ilegal. Una sentencia de la Corte Constitucional, emitida en 2010, permite el desarrollo de esa actividad, por lo que el alcalde ha reconocido el limitado alcance de sus medidas.
“No podemos prohibir el trabajo sexual, pero sí tenemos que cuidar a quienes también prestan esos servicios al entender que hoy toda esa zona está en control de diferentes estructuras criminales”, admitió durante el lanzamiento de su campaña.
Según las cifras oficiales ofrecidas por la Alcaldía de Medellín, entre 2019 y 2023 se reportaron en esa ciudad más de 1,400 casos de explotación sexual con fines comerciales en perjuicio de niños, niñas y adolescentes.
Con información de agencia RT
También te puede interesar:
