En su primer día como presidente, Donald Trump tiene planes para declarar una emergencia nacional que le permitirá cerrar la frontera con México, emitir órdenes para ampliar los espacios de detención para inmigrantes, proceder con la construcción del muro fronterizo e iniciar lo que él dice será la deportación masiva más grande de la historia.
Stephen Miller, designado subjefe del gabinete del presidente entrante y arquitecto de las políticas antimigrantes de Trump, comentó a legisladores la semana pasada que Trump tiene la intención de emitir 100 órdenes ejecutivas y acciones al llegar a la Casa Blanca, entre ellas unas que resultarán en decenas de miles de inmigrantes forzados a retornar a México y otros países. Los mexicanos son 250 mil del total de 1.4 millones de inmigrantes que ya han agotado sus apelaciones legales y en espera de la deportación. Y si, como ha indicado, el nuevo gobierno emplea la medida para declarar una emergencia de salud –el famoso Título 42 ya usado anteriormente– para cerrar el ingreso de personas en la frontera, eso implicará que migrantes de varios países serán forzados a mantenerse del lado mexicano de la frontera, ampliando así el número de extranjeros varados.
El presidente Trump empleará toda autoridad federal y coordinará con autoridades estatales para instituir la operación más grande de deportación de criminales ilegales, narcotraficantes y traficantes de personas en la historia estadounidense, dijo a CNN Karoline Leavitt, una vocera del equipo de transición de Trump. Vamos a utilizar el Departamento de Defensa para asegurar la frontera de nuestro país, indicó Miller al sitio Newsmax recientemente.
Tom Homan, el ex agente de la Patrulla Fronteriza que ha sido designado por Trump como su zar fronterizo, ha repetido que el primer blanco serán migrantes acusados de delitos y pandilleros, también aquellos con órdenes de deportación final. Pero Homan no oculta que espera que los indocumentados en este país se autodeportarán ante las promesas de la ofensiva contra los ilegales. Los indocumentados, dijo Homan al explicar esta estrategia en el pasado, deben sentir miedo.
Estados Unidos alista gran redada y supuestamente la iniciará en Chicago. Donald Trump pondrá en marcha arrestos masivos de inmigrantes a partir del martes, asegura el diario Wall Street Journal.
Los asesores de Trump están armando espectáculos mediáticos con la idea de asustar aún más a los inmigrantes indocumentados para causar que huyan del país y también para convencer a otros de no regresar a Estados Unidos, reporta la revista Rolling Stone.
Dara Lind, del American Immigration Council, declaró a la revista New Yorker que ella espera un espectáculo que podría incluir cientos de agentes de migración llegando a Chicago y provocar un enfrentamiento con el alcalde, ya que es una de las ciudades que se define como santuario, limitando toda cooperación de fuerzas municipales con agentes federales de migración. Pero el esfuerzo inicial estará enfocado en indocumentados ya encarcelados o bajo órdenes de deportación.
Oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de EU realizan un ejercicio de entrenamiento de fuerza de campo móvil en el puente internacional Paso del Norte-Santa Fe en Ciudad Juárez, Chihuahua, el 17 de enero de 2025. Foto Afp
Todos estos esfuerzos requieren de recursos adicionales. Deportar a un millón de personas por año podría costar hasta 88 mil millones de dólares, calcula el American Immigration Council, y mientras el Congreso controlado por el partido del presidente apruebe fondos, pocos esperan que autorizará todo lo que se propone. Homan lo reconoció cuando CNN le preguntó cuánta gente podrá deportar en los primeros 100 días: todo depende del financiamiento que obtengamos del Capitolio.
Mientras la orden de una emergencia nacional de Trump puede desplegar a la Guardia Nacional y hasta tropas militares, esas fuerzas generalmente son prohibidas por la ley para participar en arrestos y redadas de civiles. Por ahora, Estados Unidos tiene unos 39 mil inmigrantes encarcelados en centros de detención con una capacidad máxima para 42 mil. Homan dice que se necesitarán instalaciones con una capacidad de 100 mil.
Migrantes cubanos son alojados en una casa de Tijuana mientras esperan respuesta a su solicitud de asilo a través de CBP One. Foto Ap
El zar fronterizo se ha dedicado, durante los últimos dos meses, a viajar por el país para consultar con autoridades locales su disposición a trabajar con el gobierno federal sobre deportaciones y centros de detención para migrantes. Varios gobernadores conservadores ya se han comprometido a trabajar con el nuevo gobierno en aplicar las medidas antimigrantes. Pero ciudades santuario como Los Ángeles y Chicago tienen leyes y normas locales que prohíben la cooperación con las autoridades migratorias federales, y aunque Homan y su jefe máximo han amenazado a esos gobiernos municipales, aún no está claro qué tan rápidamente podrían ser obligados a subordinarse a las autoridades migratorias federales.
En parte por eso, Trump y el Congreso se enfocan en medidas para frenar el flujo de migrantes a este país. Las medidas de emergencia de salud bajo el Título 42 que cierran la frontera a todo solicitante de asilo y los obliga a regresar del lado mexicano no son nuevas. El Washington Office on Latin America (WOLA) reporta que Estados Unidos utilizó millones de veces el Título 42 para expulsar a personas en la frontera estadunidense anulando su oportunidad –y derecho– de solicitar asilo antes de ser cancelado en abril de 2023.
Solicitantes de asilo hacen cola antes de cruzar a Estados Unidos para su cita de asilo en el puerto fronterizo de El Chaparral, en Tijuana.
El Congreso también ha programado audiencias con el objetivo de reinstalar el programa de Quédate en México que requiere que solicitantes de asilo indocumentados esperen del lado mexicano mientras sus casos son evaluados por las autoridades estadunidenses. A la vez, el presidente electo ha amenazado a México con aranceles si no logra frenar a los migrantes.
México estará al centro de los planes de deportaciones masivas del gobierno de Trump, escribe Adam Isacson, del centro de investigaciones WOLA. “Funcionarios probablemente preguntarán –o demandarán, tal vez al amenazar con aranceles– que el gobierno de Claudia Sheinbaum acepte no sólo a los mexicanos deportados arrestados en la frontera y dentro de Estados Unidos, sino también deportaciones y expulsiones de ciudadanos de otros países al ser arrestados en la frontera”. Señala que en el pasado México aceptó deportaciones y expulsiones de Estados Unidos de todos aquellos provenientes de países hispanoparlantes bajo el programa Quédate en México, y de siete países bajo el Título 42 durante la pandemia, como también a los expulsados provenientes de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua que no solicitaron permisos temporales.
Imágenes en Texas.
Si México será presionado para hacer todo esto, otra vez está en el aire.
Con información del diario La Jornada
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