Desde que se dio a conocer la destitución del expresidente de Perú, Pedro Castillo, luego de que intentara disolver el Congreso producto de meses de oposiciones sistemáticas a su Gobierno por parte de múltiples legisladores, en diversas regiones del país se presentaron numerosas protestas en contra de la detención del exmandatario y de la toma de posesión de la exvicepresidenta, Dina Boluarte, como nueva presidenta del país.
Medios internacionales reportan que en regiones como en Lima, capital del país, Andahuaylas y Apurímac, las manifestaciones y choques entre la Policía Nacional del Perú (PNP) y protestantes provocaron la muerte de al menos tres personas entre el 10 y 11 de diciembre. Usuarios de redes sociales denunciaron la represión de la PNP en contra de los manifestantes que exigen el cierre del Congreso a las afueras del Palacio Legislativo.
Durante la sesión en el Congreso de la República se presentaron connatos de violencia entre legisladores donde se registraron golpes. En esta sesión el Ministerio Público informaría sobre las acciones en contra del expresidente Pedro Castillo, quien fue detenido el mismo día que tomó posesión la nueva mandataria Dina Boluarte.
Por su parte, el Frente Agrario y Rural del Perú (FARP) se declaró en “insurgencia popular” frente a lo que llamaron un “golpe de Estado planificado y perpetrado por el Congreso de la República, la cúpula de las FF. AA, la prensa, el Poder Judicial y el Ministerio Público”. La FARP exigió la libertad y reposición en el mandato del expresidente Pedro Castillo.
Medios internacionales reportan que alrededor de 10 mil campesinos de la región de Ucayali, Perú, llevarán a cabo protestas el próximo 12 de diciembre para exigir el cierre del Congreso de la República y la liberación del expresidente Pedro Castillo.
Por otro lado, el gobernador de Apurímac, Baltazar Lantaron, exigió elecciones anticipadas, el cierre del Congreso y una Asamblea Constituyente. Mientras tanto, el aeropuerto de la región de Andahuaylas tuvo que cerrar su terminal producto de las protestas y de los “ataques vandálicos”. Frente a esto, la Corporación Peruana de Aeropuerto y Aviación (CORPAC) solicitó refuerzos de la PNP para colaborar en la “liberación de rehenes” que fueron retenidos por los manifestantes que exigen nuevas elecciones nacionales.
La PNP lamentó el fallecimiento de un manifestante y aseguro que el Ministerio Público ya se encuentra investigando lo sucedido. Sin embargo, señaló que uno de sus elementos también resultó herido cuando se enfrentó a los manifestantes.
Previo a esta actualización, la Defensoría del Pueblo de Perú informó que al menos 16 manifestantes y cuatro agentes de la Policía han resultado heridos en las protestas registradas en la ciudad de Andahuaylas, en el departamento peruano de Apurímac, situado en el sur del país.
Protestas y un joven fallecido en Andahuaylas
Las autoridades peruanas confirmaron un fallecido durante las protestas contra el nuevo Gobierno en el aeropuerto de Andahuaylas, en la región peruana de Apurímac, cuyas organizaciones sociales se han declarado, a partir del lunes, en estado de insurgencia popular para exigir el cierre del Congreso del país y la liberación del expresidente Pedro Castillo.
“Lamentamos el deceso de una persona y hacemos llegar nuestro pesar a los deudos por este hecho”, ha hecho saber la Policía Nacional de Perú en un comunicado recogido por ‘La República’.
“La institución policial hace un llamado a la ciudadanía a mantener el orden y la calma, aspectos que conducen al desarrollo del país e invoca a la población a realizar sus reclamos de forma pacífica”, añade la nota.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha indicado que la primera víctima mortal de los enfrentamientos en Andahuaylas ha sido un adolescente. Asimismo, ha instado a la Fiscalía y a la Policía Nacional a “investigar exhaustivamente los hechos”.
El impacto político de los sucesos no se hizo esperar y pasada la medianoche del domingo, la presidenta Dina Boluarte emitió un mensaje anunciado que enviará a tramitación legislativa un proyecto de ley para adelantar las elecciones generales a abril de 2024, con lo cual declina a la pretensión de concluir en julio de 2026 el actual período presidencial.
Así, se ha pronunciado en la misma línea que el cuerpo policial, demandando el cese de las acciones violentas. “Reiteramos que la violencia no es parte del derecho a la protesta y que las intervenciones policiales deben respetar los derechos de las personas”, reza un comunicado.
Según fuentes del hospital de Andahuaylas, que se encuentra en alerta roja “con la finalidad de salvaguardar la vida” de los andahuaylinos, los enfrentamientos han dejado ya una decena de heridos.
El gobernador regional de Apurímac, Baltazar Lantarón Núñez, ha pedido públicamente a la presidenta Boluarte que adelante las elecciones generales, cierre el Congreso y se disponga la redacción de una nueva Constitución, a menos de 24 horas del comienzo del paro popular indefinido.
También los campesinos del departamento peruano de Ucayali, en el centro-este del país anunciaron que llevarán a cabo protestas en la jornada de este lunes a favor del expresidente, según Andina.
En Arequipa, grupos de mineros han bloqueado accesos en la provincia de Caravelí, y la organización Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenate), fundada hace cinco años por Castillo, ha anunciado un paro nacional para el 15 de diciembre con el fin de exigir nuevas elecciones generales.
#Peru
Las protestas de los simpatizantes del depuesto presidente Pedro Castillo no se detienen,la represión tampoco,por si fuera poco el departamento de APURÍMAC se declaró en insurgencia popular,así las cosas se complican para DINA BOLUARTE. pic.twitter.com/VEInLQTxuy— CARLOS AGUIAR.geopolítica 🌐™️®️! (@CarlosAJimnez4) December 11, 2022
Son dos manifestantes muertos en Andahuaylas
Se agrava la crisis política en Perú y la sangre empieza a correr en las calles: dos jóvenes, uno de 15 y otro de 18 años, murieron la tarde de ayer en Andahuaylas, región de Apurímac, en enfrentamientos que dejaron decenas de heridos entre civiles y policías durante el fin de semana.
El impacto político de los sucesos no se hizo esperar y pasada la medianoche del domingo, la presidenta Dina Boluarte emitió un mensaje anunciando que enviará al Legislativo un proyecto de ley para adelantar las elecciones generales a abril de 2024, con lo cual declina a la pretensión de concluir en julio de 2026 el actual periodo presidencial. Además, anunció que se impondrá el estado de emergencia en aquellas regiones que describió como las más convulsas, sin precisar cuáles.
“Interpretando de la manera más amplia la voluntad de la ciudadanía; y en consecuencia, con la responsabilidad que implica el ejercicio de la acción del gobierno, he decidido asumir la iniciativa con el fin de lograr un acuerdo con el Congreso para adelantar las elecciones generales para abril de 2024. En los próximos días remitiré un proyecto de ley de adelanto de elecciones para ser consensuado con las fuerzas políticas representadas en el Parlamento”, dijo.
Las muertes, ambas por herida de bala, ocurrieron durante confrontaciones en el aeropuerto de esa provincia, que significaron también la destrucción de instalaciones y equipos técnicos necesarios para la operación de vuelos.
Apurímac, 500 kilómetros al sureste de Lima, es una región andina de la cual es oriunda la presidenta Dina Boluarte, quien anteayer al anunciar su gabinete, llamó al diálogo y a la concordia.
Enterada de los sucesos, expresó condolencias por Twitter afirmando que “la vida de ningún peruano amerita ser sacrificada por intereses políticos” y reiterando “mi invocación al diálogo y a deponer la violencia”.
Pero eso parece lejano porque, lejos de aplacarse, tras conocerse quiénes la acompañarán en su intento de gobernar hasta 2026, la indignación de las personas en contra de su presidencia, por la disolución del Congreso y en demanda de elecciones generales anticipadas –y más atrás, en segundo plano, por la liberación del destituido Pedro Castillo–, a todas luces están multiplicándose.
Y varios analistas proyectan que eso va a continuar al alza en la medida que Dina Boluarte y los congresistas insistan en quedarse hasta 2026.
Simpatizantes del depuesto presidente Pedro Castillo huyen del gas lacrimógeno que les lanzó la policía durante los enfrentamientos de ayer afuera del Congreso, en Lima.
Incendian cuartel policial en Andahuaylas
En Andahuaylas, tras conocerse las muertes, los manifestantes atacaron y prendieron fuego al cuartel policial de la localidad. Y las protestas también ocurrían en ciudades como Cajamarca, Arequipa, Tacna, Andahuaylas, Huancayo, Cusco y Puno, además de bloqueos de carreteras, uno de los cuales se mantiene firme desde hace dos días, 280 kilómetros al sur de Lima, cerca de Ica, con centenares de camiones y autobuses detenidos en la ruta. También se conocía que anoche, la panamericana norte fue bloqueada en la localidad de Chancay, 75 kilómetros al norte de la capital.
La tarde de ayer, la sexta reunión de gremios estudiantiles concluyó acordando iniciar una huelga nacional el jueves 15.
“La FEP (Federación de Estudiantes de Perú) acuerda, con 70 delegados de todas partes del país, movilizarse el 15 de diciembre a las 4 de la tarde (hora local) por cierre del Congreso, adelanto de elecciones generales y consulta de nueva Constitución ¡Vamos a la huelga indefinida!”, dijeron.
Gremios agrarios, organizaciones campesinas e indígenas anunciaron un “paro indefinido” a partir del martes, por idénticas razones, también por la liberación de Castillo, manifestó el Frente Agrario y Rural de Perú.
En el Congreso, que sesionaba la tarde de ayer para retirar la inmunidad legal de que goza Castillo y dos de sus más cercanos asesores que son investigados por el Ministerio Público, terminó en escándalo cuando un parlamentario propinó un puñetazo por la espalda a otro, poco después que se conociera lo de las muertes. La congresista María Elizabeth Taipe lloraba mientras hacía uso de la palabra y clamaba “cerremos el Congreso y vayámonos todos”.
En las afueras del Parlamento, manifestantes y fuerzas policiacas chocaban por cuarto día consecutivo en Lima.
En medio de este panorama, el premier Pedro Angulo Arana convocó a la totalidad del gabinete a partir de las 21 horas a una sesión de urgencia en el Palacio de Gobierno.
“Hemos observado cómo ha escalado esto, lamentamos el fallecimiento de dos personas, expresamos nuestras condolencias de corazón por los hechos que están sucediendo simplemente por intereses políticos. Estamos convocando al Consejo de Ministros para tratar las propuestas con que vamos a enfrentar este problema, vamos a reunirnos con todos los elementos de juicio y tomar las medidas que corresponden”, declaró a Latina Televisión.
La sensación y el temor es que una gran convulsión van apoderándose paulatina e inevitablemente del país.
Rosa María Palacios, abogada y analista integrante de la Coalición Ciudadana (grupo que busca “recuperar la política por y para los ciudadanos y ciudadanas), señala que la gravedad de la crisis democrática en Perú –“se arrastra desde hace más de seis años”, dice– exige reformar la Constitución e ir a elecciones adelantadas que cambien al Congreso y a la presidencia.
“El Congreso tiene los mismos problemas que Castillo: corrupción, autoritarismo, encubrimiento, cambia ilegalmente la Constitución y dos tercios del país quieren que se vayan ya. Ahora tenemos una situación cada vez más violenta en el interior porque no se está leyendo lo que la mayoría de la población quiere: que se vayan todos”, afirma.
La sangre empieza a correr en las calles y se agrava la crisis política en Perú.
Los caminos a seguir
Hay dos caminos para hacer aquello. Una es que Boluarte renuncie, tras lo cual asume el presidente del Consejo de Ministros, que está obligado constitucionalmente a convocar a elecciones de inmediato.
“Pero esa tiene que ser la última bala de ella”, dice.
El otro es que los congresistas refrenden en el pleno un proyecto de ley que ya fue aprobado por la comisión de Constitución del Congreso, el cual adelanta las elecciones. Requiere de 87 votos (dos tercios de los 130 parlamentarios) en esta legislatura y luego, en marzo de 2023, ser ratificado en la siguiente legislatura, también por dos tercios.
“La presidenta debería decirle al Congreso que si no lo aprueban, se verá obligada a renunciar”, afirma.
Hay un tercer método y consiste en alcanzar 76 votos e ir a un referendo.
La analista proyecta que las movilizaciones crecerán en adelante –“Andahuaylas es la tierra natal de la presidenta y es donde más protestas hay en este momento”, menciona–; especifica que “las protestas son ciudadanas, muy desligadas, multipropósito, algunos piden asamblea constituyente, muy pocos piden la libertad de Castillo, pero la mayoría quiere adelanto de elecciones y que se vayan todos, la protesta es contra el Congreso, ya se fue Castillo, ahora que se vayan los otros”.
En un escenario más agitado como el que viene, le preocupa que el ministro del Interior, César Cervantes, “tiene muy malas referencias, fue jefe policial y se lleva pésimo con toda la Policía Nacional, lo consideran alocado, imprudente, no sé qué va a salir de ahí, puede ser una semana muy difícil.
Precisamente, anoche, en entrevista para el canal de televisión Latina, Cervantes decía que es probable que se decrete estado de emergencia en las zonas convulsas y que el ejército podría ser movilizado en las mismas.
Con información de agencia Europa Press
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