El nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump autorizó este martes el inicio de las redadas de migrantes, incluso en lugares considerados santuarios, como iglesias, escuelas y hospitales.
Todos estos sitios, bajo las normativas anteriores del presidente Biden, eran consideradas zonas de “protección”. Sin embargo, a partir de este martes, las autoridades federales podrán llevar a cabo operativos de detención en estos lugares.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anuló una directriz implementada durante el mandato de Joe Biden que prohibía tales intervenciones en estos espacios sensibles.
Según un portavoz del DHS, esta medida busca “fortalecer el cumplimiento de las leyes migratorias” y asegurar la captura de individuos que se encuentran en el país de manera ilegal y que son calificados como “criminales extranjeros”. Aunque el comunicado hace referencia a la presencia de “criminales” en estos sitios, no se presentaron pruebas concretas para respaldar dicha afirmación.
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La decisión se produce poco después de que Trump asumiera oficialmente la presidencia, y su mensaje en el discurso inaugural resaltara su compromiso con una de sus promesas de campaña: emprender la mayor operación de deportación de migrantes en la historia de Estados Unidos.
La directriz de Biden, que ha sido cancelada, fue promulgada en 2021 e instruía a las autoridades migratorias a abstenerse de realizar arrestos o redadas en determinadas zonas sin la aprobación previa de un superior.
Entre los lugares considerados “protegidos” en esa política se incluían, además de las instituciones educativas y los centros de salud, iglesias, albergues para víctimas de violencia doméstica, y eventos públicos como funerales y manifestaciones, así como áreas de apoyo en situaciones de emergencia, como tras desastres naturales.
El propósito de esta normativa, tal como se señaló en el memorando de 2021, era garantizar que las personas no se sintieran intimidadas o reacias a acceder a servicios esenciales por miedo a ser detenidas. “Es posible cumplir con nuestra misión sin impedir que los individuos accedan a alimentos, albergue o lugares de culto”, indicaba el texto.
El giro radical de la administración Trump ha despertado críticas entre defensores de los derechos humanos, quienes argumentan que esta nueva postura podría aumentar el temor en comunidades migrantes y dificultar su acceso a servicios básicos en un momento de creciente incertidumbre.
Con Información de Agencias
