Este tipo de rescates milagrosos llevan algo de esperanza a los miles de damnificados por las lluvias torrenciales, que ha provocado el incremento de la indignación popular por la falta de apoyos del Estado. En respuesta a este clamor, el presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, anunció finalmente, casi seis días después, el despliegue de diez mil efectivos más en la zona siniestrada, de los cuales cinco mil son miembros del Ejército y el resto de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Además el presidente de la Comunidad Valenciana, el conservador Carlos Mazón, solicitó al Ejecutivo central incorporarse a los grupos de “respuesta inmediata”.
Cuando más arreciaban las críticas por la falta de reflejo de las administraciones públicas, en las que se señalan a los ayuntamientos, a los gobiernos autonómicos y al central, finalmente se anunció una movilización masiva de militares y policías para ayudar en las tareas de rescate y proteger a los vecinos. Más allá del intercambio de acusaciones en las que el gobierno central atribuye toda la responsabilidad de la gestión al gobierno autonómico, presidido por el derechista Partido Popular (PP), y viceversa, el presidente Sánchez compareció casi seis días después del desastre para anunciar un nuevo despliegue de efectivos de militares y agentes policiales para llevar a cabo “el mayor despliegue de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de las Fuerzas Armadas que se haya hecho jamás en nuestro país en tiempos de paz. Un despliegue que ha realizado ya cuatro mil 800 rescates y que ha auxiliado a más de 30 mil personas en viviendas, en carreteras y en polígonos inundados”. Sánchez también advirtió que le había “trasladado” al gobierno valenciano que “si necesita más recursos, que los pida. No hace falta priorizar unos municipios sobre otros ni jerarquizar tareas”, al explicar que “las autoridades valencianas conocen el terreno mejor que nadie”. Sánchez decidió no convocar de urgencia a un Consejo de Ministros y esperar hasta el próximo martes, cuando está previsto que se realice, para declarar como “zona gravemente afectada” a la región más dañada por las tormentas. Esta medida permitirá agilizar los recursos públicos para la reconstrucción y las ayudas urgentes.
Unas horas después compareció el presidente valenciano, Mazón, quien aseguró que la región está “pasando el peor momento de nuestra historia” e instó al gobierno central a incorporarse a los cinco grupos de respuesta inmediata que había decidido crear para paliar la crisis. Para ello instó a incorporarse a las labores de coordinación a vicepresidentas y ministros del Ejecutivo español, en áreas como sanidad -por el riesgo de contagios epidemiológicos-, la vivienda, la asistencia social, las ayudas económicas y las tareas de rescate.
Un balance provisional de los inmuebles afectados advierte que se calcula que hay más de 77 mil casas con daños. Además un informe del ministerio para la Transición Ecológica estima que hay alrededor de tres millones de personas que viven en España en zonas de alto riesgo de que sus viviendas sufran de inundaciones o desastres provocados por una DANA similar a la que inició el pasado martes. La mayoría de esas viviendas -alrededor de un millón- se encuentran localizadas en el litoral mediterráneo, donde en las últimas décadas se ha registrado una construcción intensiva y sin control de viviendas de uso turístico, muchas de ellas en zona de alto riesgo de inundación.
Además se informó que 17 personas fueron atendidas por los servicios médicos de urgencia por intoxicación por monóxido de carbono, una de ellas con una crisis convulsiva, después de que estas personas estuvieran realizando tareas de rescate en un estacionamiento inundado en la localidad e Chiva. Mientras pasan los días y continúa el agua acumulada en casas y calles, los expertos advierten de que aumenta el riesgo infecciones masivas o epidemias.