El Pentágono confirmó un nuevo operativo de ataque en el océano Pacífico que dejó como resultado una presunta «narcolancha» destruida más. Mientras el Congreso de Estados Unidos continúa examinando la legalidad de la estrategia militar impulsada por Donald Trump contra el narcotráfico en la región.
La destrucción de esta embarcación volvió a encender las alarmas sobre el alcance y las implicaciones de esta campaña bélica. En esta ocasión, fuerzas del Comando Sur destruyeron esta embarcación que, según su versión, transportaba cargamentos ilícitos.
El propio Comando Sur difundió el anuncio a través de su cuenta oficial en X, donde señaló que la acción se realizó el pasado 4 de diciembre bajo las órdenes del secretario de Guerra, Pete Hegseth. La institución afirmó que la nave era utilizada para actividades del narcotráfico y que su tripulación estaba vinculada a estructuras criminales.
“Inteligencia confirmó que la embarcación transportaba narcóticos y navegaba por una ruta conocida por ser usada para el narcotráfico en el este del Pacífico; cuatro narcoterroristas a bordo del navío fueron asesinados”, indicó la dependencia militar en su comunicado.
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Con esta operación, aumenta a 22 el número de lanchas destruidas tanto en el Pacífico como en el Caribe desde que inició la ofensiva, la cual acumula ya un saldo de 87 personas ejecutadas al ser catalogadas como “narcoterroristas”.
Sin embargo, hasta el momento el Pentágono no ha presentado pruebas públicas que corroboren que las embarcaciones transportaban droga con destino al mercado estadounidense. Críticos dentro y fuera del Congreso sostienen que las muertes fueron realizadas sin proceso judicial y en contravención de normas internacionales.
La nueva ofensiva llega en un momento especialmente delicado para el Departamento de Defensa, que se encuentra bajo investigación legislativa por la primera destrucción de una embarcación, ocurrida el 2 de septiembre.
El pasado jueves, en una reunión clasificada y a puerta cerrada, el almirante Frank Bradley ofreció un informe especial a los congresistas. Bradley fue quien autorizó tanto el ataque inicial como el segundo golpe dirigido contra la misma lancha.
Según su explicación, respaldada por el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, el segundo ataque se ejecutó porque los dos sobrevivientes “intentaron voltear la embarcación que aun llevaba droga”. Ese ataque adicional, que culminó en la ejecución de los sobrevivientes, se ha convertido en el punto central de las pesquisas en el Capitolio.
La controversia creció después de que The Washington Post diera a conocer que Hegseth habría firmado una orden autorizando al Comando Sur a “ejecutar a cualquier sobreviviente” de futuros operativos contra embarcaciones con narcóticos.
No obstante, Bradley negó ante los legisladores que tal mandato existiera; afirmó que actuó porque “quedaron drogas en la lancha y pensó que los tripulantes podrían escapar con la carga”.
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Medios estadounidenses también habían reportado que los tripulantes ejecutados el 2 de septiembre mantenían comunicación por radio tras sobrevivir el primer ataque, pero legisladores de ambos partidos refutaron esta versión, subrayando que no existen pruebas que respalden esa narrativa.
Con Información de Agencias
