Una amplia operación federal realizada en Texas por agentes de la oficina local del Buró Federal de Investigaciones (FBI) dejó como saldo más de 140 personas detenidas de las cuales 25 resultaron con antecedentes penales.
La baja cantidad de personas relacionadas con actos ilegales, contraste con la magnitud del operativo y de la narrativa inicial que sugería una acción contra presuntos integrantes de una banda criminal.
La intervención ocurrió alrededor de las 3:00 de la madrugada en un área conformada por puestos de comida ambulante donde, según las autoridades, también operaba un salón para fiestas clandestinas.
Aunque no se divulgó una lista con los nombres de los detenidos, el informe oficial detalló que 98 son ciudadanos venezolanos, mientras que el resto proviene mayoritariamente de Honduras y de otros países latinoamericanos.
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Uno de los puntos más controvertidos del comunicado es la afirmación de que 50 de los arrestados serían “miembros confirmados” del Tren de Aragua, una organización delictiva originada en Venezuela.
No obstante, la agencia no ofreció documentación adicional que sustente dicha relación. La misma nota del FBI subraya que solo 25 presentan “antecedentes criminales”, divididos entre 13 por delitos federales y 12 por faltas menores.
Todos los detenidos fueron trasladados a centros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en medio de un clima político marcado por las directrices del gobierno de Donald Trump para ampliar la capacidad de detención de migrantes.
La redada también ha provocado un fuerte rechazo entre legisladores demócratas de San Antonio, quienes reclaman mayor claridad sobre las razones detrás del operativo.
El congresista Joaquín Castro divulgó la orden de registro emitida por un juez del condado de Bexar, donde se señala que un agente del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) llevó a cabo una investigación basada en el testimonio de un informante. El documento indica que el sitio fue vigilado por meses y que allí se vendía cocaína y se realizaban fiestas frecuentadas por “miembros del Tren de Aragua”.
Castro denunció “una inaceptable falta de transparencia” por parte del Gobierno federal tras las detenciones. Coincidiendo con esta postura, la abogada Laura Flores-Dixit, de la organización American Gateways, advirtió que este tipo de acciones provoca un clima de temor en las comunidades de inmigrantes.
La activista también cuestionó las imputaciones de vínculos criminales, asegurando que existe un “patrón” gubernamental de “declarar de manera unilateral pertenencia a esta banda criminal” sin mostrar pruebas.
Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han señalado que la administración Trump ha incurrido en “detenciones arbitrarias” al identificar a migrantes venezolanos como miembros del Tren de Aragua basándose únicamente en tatuajes u otros elementos no verificables.
Según diversas investigaciones, muchos de los migrantes enviados incluso a instalaciones de máxima seguridad en El Salvador o a la base naval de Guantánamo carecían de antecedentes y de nexos con la organización criminal.
Con Información de Agencias
