La Corte de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos falló a favor de México y ordenó revisar de fondo la demanda que presentó contra ocho fabricantes de armas, informó la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena.
“Esta tarde (el pasado 22 de febrero), la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos dictó sentencia a favor de México, en su demanda contra empresas fabricantes de armas. El asunto regresa a primera instancia para la revisión del fondo del asunto. ¡Gran noticia!”, posteó en su cuenta de X, antes Twitter la funcionaria.
En su demanda de agosto de 2021, México estimó que el 2.2% de los casi 40 millones de armas fabricadas anualmente en Estados Unidos se introducen como contrabando en México, incluidas hasta 597 mil armas producidas por los acusados.
Por lo anterior, la secretaría de Relaciones Exteriores, en ese entonces a cargo de Marcelo Ebrard, presentó una demanda civil en contra de Smith & Wesson, Barret, Beretta, Century International Arms, Colt, Glock, Sturm, Ruger & Co y Witmer Public Safety Group ya que consideró que estos fabricantes han sido negligentes pues saben que sus armas son usadas en México por el crimen organizado y para él las producen.
México dijo que el contrabando ha sido un factor crucial para empujar al país al tercer puesto mundial en el número de muertes relacionadas con armas. También afirmó sufrir muchos otros perjuicios, como la disminución de la inversión y la actividad económica y también la necesidad de realizar un mayor gasto en la aplicación de la ley y seguridad pública.
En septiembre de 2022, un juez federal desestimó la demanda de 10 mil millones de dólares presentada por el gobierno de México, vía la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), para responsabilizar a fabricantes de armas estadounidenses de facilitar el tráfico de una mortífera avalancha de armas a través de la frontera entre Estados Unidos y México a los cárteles de la droga.
La decisión del juez jefe F. Dennis Saylor en el tribunal federal de Boston fue una victoria para Smith & Wesson Brands Inc, Sturm, Ruger & Co y otros acusados de socavar las estrictas leyes de armas de México al diseñar, comercializar y vender armas de asalto de estilo militar que los cárteles podrían utilizar.
Sin embargo, la SRE dijo entonces que apelaría la resolución del juez ya que se trataba de una decisión “en primera instancia” y este día la cancillería informó que su apelación ganó.
El pasado 22 de febrero del presente año, se llevó a cabo la primera audiencia sobre el caso promovido por el Gobierno mexicano contra cinco tiendas de armas en Tucson, Arizona que, de acuerdo con datos de trazabilidad, facilitan el tráfico de armas a territorio nacional.
Wilderness Firearms, un traficante de armas con licencia que vende armas de fuego nuevas en un espectáculo de armas en Livingston, MT, realiza una verificación federal de antecedentes de un comprador. Foto: © William Campbell / Corbis a través de Getty Images.
Las tiendas demandadas fueron las siguientes:
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Diamondback Shooting Sports, Inc. (Tucson)
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SNG Tactical, LLC (Tucson)
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Loan Prairie, LLC a.k.a. The Hub Target Sports (Tucson)
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Ammo A-Z, LLC (Phoenix)
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Sprague’s Sports, INC. (Yuma)
Por su parte, los implicados solicitaron que el caso sea desestimado, mientras que el Gobierno de México insistió en que su demanda cuenta con los méritos suficientes para que se revise de fondo.
La solicitud de las tiendas se argumentó en la Ley de Protección al Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés), la cual les ofrece inmunidad procesal y por tanto, no pueden ser demandadas, argumentando que “el número de personas que fallecen por causas no relacionadas con armas de fuego es mucho más alto que los fallecimientos por armas de fuego”.
Por su parte, la representación mexicana sostuvo que la ley PLCAA no tiene efectos extraterritoriales, por lo que cuando el daño de las prácticas comerciales ocurre en México es inválido que se exima a las empresas de enfrentar a la justicia.
“Aunque las empresas estimen que es marginal el número de armas traficadas que sean atribuibles a sus ventas, éstas producen muerte y dolor en nuestro país. Por ello, es irrelevante si se trata de muchas o pocas armas las que llegan ilícitamente a nuestro territorio como consecuencia de prácticas comerciales descuidadas”, señaló el Gobierno de México en un comunicado.
La sentencia final de este litigio se dará a conocer en los próximos meses.
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