El equipo de fiscales a cargo del proceso contra Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública, insiste en la necesidad de que en el juicio que comenzará en octubre próximo se cuente con un jurado “anónimo y parcialmente secuestrado”, argumentando la “gravedad en los cargos, el temor causado por la campaña de violencia del cártel de Sinaloa en Estados Unidos y el abuso del proceso judicial por parte del acusado, además de la amplia cobertura de prensa que ha recibido el caso”.
Hace unos días, César de Castro, abogado de García Luna, replicó al juez Brian Cogan que un jurado en las condiciones que pidió la fiscalía en diciembre de 2021 no se justificaba, ya que su cliente “no es violento ni tiene conexión con altos mandos del cártel de Sinaloa”.
El equipo de fiscales respondió ayer alegando que “mientras operaba como un funcionario de alto rango del gobierno mexicano, el acusado conspiró con el cártel de Sinaloa y utilizó su posición para facilitar el tráfico de narcóticos”.
De Castro también expuso que un jurado anónimo, escoltado y separado del público, dará la impresión de que su cliente “es culpable de los cargos que se le imputan y eso no garantizaría un juicio justo”.
En respuesta, la fiscalía destaca que si bien no representan una amenaza de interferencia en el proceso judicial en comparación con “la de su coconspirador Joaquín Guzmán Loera”, aún existe “un riesgo sustancial para el jurado, así como para los testigos y sus familiares”.
Insistió que al “aceptar sobornos”, García Luna, desde su autoridad, ordenó “a otros agentes del orden público” que operaran en nombre del cártel de Sinaloa y divulgó información policial confidencial sobre las investigaciones del mismo grupo delincuencial.
A la queja de que en este momento el ex funcionario mexicano tiene sus cuentas congeladas y por ello carece de la capacidad para interferir con el proceso judicial, la fiscalía expuso que según descubrimientos recientes el ex funcionario ha buscado ocultar ser el dueño de “múltiples propiedades en Estados Unidos”, sumado al hecho de que su familia “se ha mudado y ha escondido millones de dólares de riqueza inexplicable durante la tramitación de su caso criminal”.
Señaló que en mayo de 2020 una de las empresas del acusado canalizó 350 mil dólares a un asociado, quien luego la utilizó para financiar los gastos personales de los familiares del también ex director de la Agencia Federal de Investigaciones durante el gobierno de Vicente Fox.
Asimismo, la defensa de García Luna alegó que la publicidad que rodea al caso puede interferir con la capacidad del jurado para cumplir con su deber. Para eso también tuvo respuesta la fiscalía, al argumentar que la atención mediática generada en procesos de alto perfil no afecta el trabajo de los jurados. Incluso, mostró algunos ejemplos de otros juicios que fueron llevados así y llegaron a buen puerto.
El equipo de fiscales aseguró igualmente que tendrá mucho cuidado con los contagios de Covid que pueden afectar a un jurado “parcialmente secuestrado”. Esto en respuesta a la moción de César de Castro quien especuló sobre qué protocolos contra el virus estarán vigentes. Eso “no debería alterar el análisis del tribunal, puntualizó la fiscalía.
Apuntaron que en su escrito la defensa de García Luna “no niega que los cargos en su contra sean serios, que el cártel de Sinaloa inspire miedo o que en la acusación se insista que como funcionario del gobierno ayudó” a ese grupo criminal.
Empero, De Castro insistió en su escrito de hace algunos días que entre los miles de documentos que la fiscalía presentó contra su cliente “no hay evidencia de lazos” entre el ex funcionario y el cártel.
Eso no frenó el deseo de los empleados del gobierno de reclamar de nueva cuenta a la Corte que “conceda la moción para un jurado anónimo y parcialmente secuestrado”. El juez Cogan deberá resolver al respecto en las próximas semanas.
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