La Guardia Nacional inició este martes a asumir el control de la seguridad en la capital estadounidense tras la decisión del presidente Donald Trump de desplegar a 800 miembros de esta fuerza militar y asumir el control del Departamento de Policía Metropolitana de Washington, D.C.
La medida, enmarcada en lo que el mandatario describió como una “ciudad sin ley”, ha sido duramente cuestionada por autoridades locales, que aseguran que el crimen ha disminuido notablemente en los últimos meses.
Sin embargo, comenzó el arribo de las tropas, cumpliendo con el anuncio de Trump hecho la noche anterior, en el que activó sus facultades para declarar una emergencia criminal. Funcionarios locales insisten en que los índices de violencia han descendido de forma sostenida.
La alcaldesa Muriel Bowser calificó la decisión como innecesaria y expresó que su administración tiene pocas herramientas legales para resistirse. “Podríamos impugnar”, señaló, “pero su autoridad es bastante amplia”.
Te Puede Interesar: Vigilan autoridades mundiales de salud nueva variante de Covid denominada «Frankestein»
Según Bowser, el crimen violento ha caído a mínimos de los últimos 30 años, luego del repunte en 2023. En particular, los robos de autos han disminuido un 50% desde 2024. A pesar de ello, el discurso federal insiste en que D.C. atraviesa una emergencia. “Vamos a recuperar nuestra capital”, declaró Trump, mientras la secretaria de Justicia, Pam Bondi, fue tajante: “El crimen en D.C. termina, y termina hoy”.
La relación entre Trump y Bowser ha sido históricamente conflictiva. Durante el primer mandato del expresidente, la alcaldesa se opuso públicamente a su intento de realizar un desfile militar y lo desafió durante las protestas de 2020, pintando “Black Lives Matter” cerca de la Casa Blanca. Ahora, en un segundo mandato de Trump respaldado por un Congreso de mayoría republicana, la confrontación alcanza un nuevo punto crítico.
Críticos de Bowser, como Clinique Chapman del D.C. Justice Lab, expresaron inquietudes similares a las de la alcaldesa: “No se trata de crear un D.C. más seguro. Se trata solo de poder”.
Chapman, aunque frecuentemente crítica del enfoque de Bowser hacia la juventud y el toque de queda, denunció el despliegue como un intento de control político más que de protección ciudadana.
La alcaldesa también aprovechó la ocasión para subrayar la vulnerabilidad estructural del Distrito debido a su estatus político. “Sabemos que el acceso a nuestra democracia es tenue”, dijo, reiterando su llamado a la plena condición de estado para D.C.
Actualmente, la Ley de Autonomía permite que el presidente asuma el control de la policía por 48 horas, prorrogables hasta 30 días. Aunque la medida es legal, activistas como Monica Hopkins de la ACLU advierten que “eso debería alarmar a todos, no solo en Washington”.
Trump ha utilizado con frecuencia las declaraciones de emergencia para avanzar su agenda durante su segundo mandato, desde la seguridad fronteriza hasta cuestiones económicas. En este contexto, su control sobre D.C. se presenta como un nuevo frente en su estrategia de mano dura, aunque sin abordar causas profundas como la pobreza o la falta de vivienda.
Con Información de Agencias
