Sólo unas horas antes de que Iberdrola llevara a cabo su junta general de accionistas en España, la multinacional solicitó a un juzgado en México un amparo contra la resolución de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) que sancionó por 9 mil 145 millones de pesos a la firma española por vender en forma ilegal energía bajo la figura de autoabastecimiento.
Iberdrola interpuso la solicitud, que aún no tiene un estado de admitida, ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República para reclamar sobre la discusión, aprobación y emisión de la resolución RES/466/2022 por parte del ente regulador energético en México, la cual fue autorizada por su órgano de gobierno el pasado 25 de mayo.
La empresa estaría inconforme con la sanción por 9 mil 145 millones que se le impuso por la venta ilegal de energía a los más de 500 socios que tiene en la planta Dulces Nombres, la cual se ubica en Pesquería, Nuevo León.
El pasado 25 de mayo la CRE aprobó la RES/466/2022, la cual multa a Iberdrola Energía Monterrey (IEM), titular del permiso de generación de energía eléctrica bajo la modalidad de autoabastecimiento E/205/AUT/2002, luego de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) acusó a la empresa de cobrar por la electricidad que generaba en la planta.
El regulador comprobó que IEM incurrió en la venta de energía eléctrica a terceros, acción que no está permitida por la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE) en su artículo 36, pues la figura de autoabastecimiento —creada en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari— es para que una misma empresa se suministre de la electricidad generada o bien el proyecto original todos los socios sean propietarios.
La CRE demostró con comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) emitidos por IEM entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de agosto de 2020 que la filial de Iberdrola vendió energía a terceros, con lo que hizo caso omiso de la ley.
Pese a ello, Iberdrola en su defensa argumentó que el uso de las facturas, que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) facilitó, violaba su secreto fiscal, pero el alegato fue desechado.
Ahora la empresa solicitó el amparo, pero la acusación específica señala que la sanción económica no sólo es para IEM, sino para otros socios de la planta Dulces Nombres.
Este no es el único litigio legal que tiene Iberdrola en México, pues el pasado lunes su solicitud de amparo contra otra resolución de la CRE en el mismo juzgado fue admitida.
En ese caso se trata de la planta ubicada en Querétaro y que es operada por Iberdrola Energía Bajío, la cual pretendía incluir en el proyecto a 519 socios, ya contando a Kimberly-Clark, empresa que recibía el suministro generado.
Más temprano, en Bilbao, España, el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, recibió el apoyo masivo de la gestión de la multinacional.
La empresa destacó que el grupo ha ingresado en las arcas públicas de los países donde desarrolla su actividad 7 mil 836 millones de euros, 5 por ciento más que el año anterior, es decir, 361 millones de euros más.
Con la resolución de la justicia española, Iberdrola deberá desmantelar alrededor de un 60 por ciento de una planta fotovoltaica, que apenas entró en funcionamiento en abril de 2020.
Iberdrola deberá devolver terrenos
Asimismo, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) de España emitió una resolución en la que obliga a la empresa Iberdrola a desmantelar la planta fotovoltáica “Núñez de Balboa”, ubicada en Usagre, provincia de Badajoz, para así devolver a su dueño las 500 hectáreas sobre las que está asentada, luego de considerar que éstas fueran “expropiadas de manera ilegal”.
De acuerdo con el fallo judicial, la sentencia se dio en respuesta al recurso contencioso administrativo presentado por Natura Manager S.L, propietaria de los terrenos, contra la Administración General del Estado, “concretamente contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa, y como parte codemandada el Proyecto fotovoltaico Núñez de Balboa S.L, promovido por Iberdrola”, especificó Europa Press.
En el recurso presentado por Natura Manager, se cuestiona la Declaración de Utilidad Pública (DUP) otorgada a la planta fotovoltaica en octubre de 2018 por la Dirección General de Política Energética y Minas.
De acuerdo con EFE y elDiario.es, la propietaria de las fincas recurrió el acuerdo del citado Jurado Provincial que fija la indemnización de los bienes y derechos de fincas rústicas propiedad de Natura Manager en el término municipal de Usagre para la iniciativa “Construcción de la Instalación Fotovoltaica denominada ‘Núñez de Balboa’ y sus infraestructuras de evacuación”, por lo que la indemnización (posteriormente confirmado en reposición), quedó fijada definitivamente en 3 millones 338 mil 314.92 euros, según la sentencia, que falla a favor de “la restitución de la propiedad y posesión de las fincas expropiadas, sin lugar a indemnización [para Iberdrola] por los daños y perjuicios causados”.
Las hectáreas de Usagre fueron expropiadas para la construcción de la fotovoltaica y sobre el mismo terreno –antes de dicha expropiación– existía un contrato de arrendamiento por un periodo de 25 años, según señala la sentencia difundida por Europa Press. “La solicitud de expropiación carecía de causa o justificación para privar del derecho de propiedad”, estableció el TSJEx.
Por lo anterior, el Tribunal reconoció el derecho “al reintegro de las fincas libres de la planta fotovoltaica con todas sus instalaciones, que es lo pretendido por la actora”.
Además, el Alto Tribunal extremeño indicó que coincide en que “no existía causa alguna” para solicitar la Declaración de Utilidad Pública de las fincas y que “carece de fundamento alguno pedir la expropiación de unas fincas que meses antes nos hemos asegurado su disponibilidad mediante un contrato de arrendamiento por un periodo de 25 años”. Es decir, “la solicitud de expropiación carecía de causa o justificación para privar del derecho de propiedad”.
“Al hacerlo se ha producido un auténtico fraude de ley y un abuso de derecho, pues se persigue un resultado no permitido por el ordenamiento jurídico: conseguir los efectos de la declaración de utilidad pública de un proyecto en relación a fincas sobre las cuales se tienen facultades de uso sin necesidad de recurrir a la ocupación a través de la expropiación forzosa”, se lee en la sentencia del Tribunal.
Los medios españoles también resaltaron que el Tribunal tuvo en cuenta los “distintos burofax emitidos por la promotora de la planta al Ayuntamiento de Usagre para lograr las autorizaciones pertinentes, en los que da cuenta, entre otros detalles, del arrendamiento de las fincas, lo que constata ‘con palmaria claridad’ que la promotora disponía de título hábil para construir la planta en las fincas propiedad de Natura Manager sin necesidad de expropiarlas y pone de relieve que la DUP era ‘completamente innecesaria’”.
El periódico digital elDiario.es añadió que fuentes de Iberdrola han explicado que la energética elevará un recurso al Tribunal Supremo y que el contencioso parte de uno de los tres propietarios de los terrenos en los que se encuentra la instalación. “De hecho, el 50 por ciento de este suelo es propiedad de dos arrendatarios que no han planteado reclamación alguna y que mantienen y responden al contrato suscrito en su momento”, dijo la empresa española como parte de sus declaraciones.
En este sentido, han asegurado que el procedimiento expropiatorio fue llevado a cabo por la administración competente, “siguiendo los procedimientos legalmente establecidos y respetándose todos los derechos y garantías existentes”.
“La planta fue construida al amparo de un título válido y legítimo, por lo que Iberdrola considera que no habrá desmantelamiento”, han asegurado estas fuentes al elDiario.es, que remarcan que la instalación dispone de todos los permisos para producir energía y seguirá funcionando con normalidad.
La planta fotovoltaica Núñez de Balboa fue puesta en funcionamiento el 6 de abril de 2020 con una potencia instalada de 500 megavatios MW y una inversión cercana a los 300 millones de euros.
Las instalaciones, situadas entre los municipios pacenses de Usagre, Hinojosa del Valle y Bienvenida, cuentan con un total de un millón 430 mil paneles solares, 115 inversores solares y dos subestaciones con la colaboración de Ecoenergías del Guadiana.
En total, la planta genera energía limpia para abastecer las necesidades de 250 mil personas al año, es decir, una población equivalente a las provincias de Cáceres y Badajoz. Según los medios españoles, para su desarrollo Iberdrola contó con financiación verde del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Instituto de Crédito Oficial (ICO).
Con información de agencia Europa Press
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