El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos enfrentará un juicio el próximo 26 de mayo por las presuntas condiciones “inhumanas” en las que mantiene a inmigrantes detenidos en su sede de Nueva York.
El proceso se llevará a cabo ante el juez Lewis Kaplan, en la corte federal del distrito sur de Nueva York, como respuesta a una demanda interpuesta en agosto pasado por la organización Make The Road, la Unión de Libertades Civiles (ACLU) y el bufete Wang Hecker.
Los demandantes acusan a la agencia de mantener a los migrantes en condiciones de hacinamiento e insalubridad, además de negarles acceso a representación legal. Lo que según el recurso, vulnera la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, al impedir el acceso a abogados, y la Quinta Enmienda, al someter a los detenidos a “condiciones de confinamiento punitivas” sin el debido proceso.
De acuerdo con la denuncia, muchos migrantes fueron detenidos tras acudir a citas en cortes de inmigración o a trámites relacionados con su estatus legal, para luego ser trasladados a oficinas ubicadas en el edificio federal 26 Federal Plaza, en Manhattan.
Un video difundido en julio por la Coalición de Inmigración de Nueva York mostró a decenas de personas hacinadas, durmiendo en el suelo, compartiendo sanitarios sin privacidad y sin acceso a duchas, así como con limitaciones en alimentos y medicamentos.
Asimismo, legisladores denunciaron que el ICE les negó en diversas ocasiones el acceso a las instalaciones, pese a contar con facultades para supervisarlas. Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional sostuvo que el lugar no opera como un centro de detención.
Tras la presentación de la demanda colectiva —en nombre de cualquier persona detenida o que pudiera ser detenida en ese inmueble—, el juez Kaplan ordenó a la agencia mejorar las condiciones. Desde entonces, abogados de los migrantes y representantes de la administración del presidente Donald Trump han intercambiado información como parte del proceso, incluyendo declaraciones de altos funcionarios y la revisión de registros de personas detenidas, según el medio The City.
