El Departamento de Defensa de Estados Unidos adjudicó a Lockheed Martin un contrato por 4 mil 761 millones de dólares para la producción de misiles interceptores PAC-3, en una señal del creciente esfuerzo de Washington por reabastecer sus arsenales en medio de la guerra contra Irán.
El acuerdo, de precio fijo, contempla no solo la fabricación de los misiles, sino también servicios técnicos, equipo, planificación y gestión asociados. La producción se llevará a cabo en al menos 15 instalaciones dentro de Estados Unidos y se extenderá hasta el 30 de junio de 2030, con financiamiento del año fiscal 2026 que incluye recursos del Ejército y un fuerte componente de ventas militares al extranjero.
La compra se produce en un contexto de presión operativa para las fuerzas estadounidenses. El uso intensivo de sistemas de defensa aérea ha evidenciado una paradoja estratégica: misiles de hasta 4 millones de dólares están siendo utilizados para interceptar drones de apenas 20 mil, acelerando el consumo de municiones en una guerra que analistas describen como de desgaste.
En paralelo, el conflicto ha puesto bajo escrutinio el uso de armamento estadounidense. Investigaciones recientes señalan que misiles de precisión como los PrSM, también desarrollados por Lockheed Martin, habrían sido empleados en ataques en la ciudad iraní de Lamerd, donde murieron al menos 21 civiles. Este tipo de armamento utiliza fragmentación preformada que amplía su capacidad destructiva en zonas urbanas, aunque el Pentágono ha rechazado estas conclusiones.
La decisión de aumentar la producción de misiles se alinea con la estrategia del presidente Donald Trump, quien ha impulsado un incremento sin precedentes del gasto en defensa. Su propuesta presupuestaria contempla elevar el gasto militar hasta cerca de 1.5 billones de dólares, junto con recortes de alrededor del 10% en programas no relacionados con defensa.
Desde la Casa Blanca, la narrativa ha sido clara: priorizar la capacidad militar en un entorno internacional cada vez más volátil. Sin embargo, el aumento del gasto ha generado críticas tanto por su impacto fiscal como por sus implicaciones sociales.
El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, cuestionó el uso de recursos públicos en el conflicto: “Estamos gastando decenas de miles de millones de dólares para matar personas. Dinero que podría estar haciendo la vida más fácil para la gente trabajadora”.
Añadió que esta tendencia refleja una constante en la política estadounidense: “Siempre parece que tenemos dinero para la guerra, pero no para alimentar a los pobres”.
Así, la compra multimillonaria del Departamento de Defensa de Estados Unidos no solo responde a necesidades militares inmediatas, sino que también profundiza el debate interno sobre el rumbo del gasto público en Estados Unidos en medio de un conflicto que amenaza con prolongarse.
