Medios, gobiernos, la Unión Europea y organizaciones defensoras de derechos humanos expresaron su indignación este lunes por el espionaje mundial a activistas, periodistas y políticos a través del programa informático Pegasus de la empresa israelí NSO Group.
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, reclamó una mejor “reglamentación” de las tecnologías de vigilancia, como el programa informático Pegasus utilizado para espiar periodistas, activistas y opositores.
Las revelaciones aparecidas en la prensa sobre el uso de este software, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, “confirman la necesidad urgente de reglamentar mejor la venta, la transferencia y el uso” de estas tecnologías de vigilancia, dijo en un comunicado.
Instalado en un teléfono móvil, este programa permite recuperar los mensajes de texto, fotografías, contactos e incluso escuchar las conversaciones de su propietario.
Esta investigación periodística, publicada el domingo por 17 medios internacionales, refuerza las sospechas sobre esta empresa israelí y se basa en una lista obtenida por el colectivo de periodistas France Forbidden Stories (“historias prohibidas”) y la ONG Amnistía Internacional.
En ella aparecen 50 mil números de teléfono seleccionados por clientes de NSO desde 2016 para un posible espionaje.
La lista incluye los números de 180 periodistas, 600 políticos, 85 militantes defensores de los derechos humanos o 65 empresarios, según la investigación realizada por el diario francés Le Monde, el británico The Guardian, el estadounidense The Washington Post y los medios mexicanos Proceso y Aristegui Noticias, entre otros.
Estos medios localizaron buena parte de los números espiados en Marruecos, Arabia Saudita o México.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que este escándalo “tiene que comprobarse, pero si ese fuera el caso, es completamente inaceptable”.
“La libertad de prensa es uno de los valores fundamentales de la Unión Europea”, añadió Von der Leyen sobre un escándalo que afecta presuntamente a países comunitarios, como Hungría.
Gabriel Attal, portavoz del gobierno francés, también denunció que “se trata de unos hechos muy chocantes y que, si se comprueba que son ciertos, resultan extremamente graves”.
Pegasus, el “arma preferida”
Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, señaló que “el Proyecto Pegasus pone al descubierto que el software espía de NSO es el arma preferida de los gobiernos represivos que intentan silenciar a periodistas, atacar a activistas y aplastar la disidencia, poniendo en peligro innumerables vidas”.
En un comunicado, dijo que estas revelaciones “echan por tierra cualquier afirmación de NSO de que tales ataques son poco frecuentes y obedecen a un uso fraudulento de su tecnología. Aunque la empresa afirma que su software espía sólo se utiliza en investigaciones penales y de terrorismo legítimas, está claro que su tecnología facilita la comisión de abusos sistemáticos. NSO dibuja una imagen de legitimidad mientras saca provecho de violaciones de derechos humanos generalizadas”.
Agregó que está claro “que sus acciones plantean preguntas más amplias sobre la absoluta falta de regulación que ha dado lugar a un ‘salvaje oeste’ de ataques abusivos generalizados contra activistas y periodistas. Hasta que esta empresa y la industria en su conjunto puedan demostrar que son capaces de respetar los derechos humanos, se debe suspender con carácter inmediato la exportación, venta, transferencia y uso de tecnología de vigilancia”.
“La cifra de periodistas identificados como objetivos ilustra con claridad que Pegasus se utiliza como herramienta para intimidar a los medios de comunicación críticos. Se hace con el objetivo de controlar el discurso público, oponerse al escrutinio y silenciar cualquier voz disidente”, manifestó Agnès Callamard.
“Estas revelaciones deben servir de catalizador para el cambio. Es preciso que los gobiernos con intereses creados en utilizar esta tecnología para cometer violaciones de derechos humanos dejen de brindar a la industria de la vigilancia un trato permisivo”.
Con información de agencia AFP
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