Liberación de migrante transgénero mexicana causa tensión entre la Casa Blanca y el Poder Judicial

Liberación de migrante transgénero mexicana causa tensión entre la Casa Blanca y el Poder Judicial

Un caso mediatico-legal ha generado un nuevo enfrentamiento entre el gobierno del expresidente Donald Trump y el Poder Judicial federal tras la liberación de una migrante mexicana transgénero, lo que provocó duras críticas desde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

La administración republicana acusó a una jueza federal de estar influenciada por agendas ideológicas vinculadas a los derechos ideológicos y de las personas trans y de ignorar el marco legal en materia migratoria.

La jueza Amy Baggio, nombrada durante el mandato del presidente Joe Biden para ejercer en Oregón, fue blanco directo de acusaciones por parte del DHS. A través de un comunicado oficial, el departamento afirmó que la magistrada actuó «cediendo a la presión de activistas proinmigrantes y transgénero» y que con su decisión, estaba “promoviendo el fanatismo ideológico de género”.

La funcionaria ordenó la excarcelación de Odalis Jhonatan Martínez Velásquez, una mujer trans originaria de México, que hasta entonces se encontraba bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en un centro de detención ubicado en Tacoma, Washington, destinado exclusivamente a hombres.

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Martínez Velásquez había llegado de manera irregular a territorio estadounidense en 2023 y fue liberada inicialmente durante la presidencia de Biden para seguir su proceso de asilo.

Según declaraciones judiciales recogidas por el medio Daily Caller, la solicitante de asilo denunció haber sido víctima de secuestro y violación en 2021, presuntamente a manos del cártel mexicano de los Caballeros Templarios, como consecuencia directa de su identidad de género.

No obstante, el 2 de junio de este año, fue detenida nuevamente luego de que un juez de inmigración desestimara su solicitud de asilo. Posteriormente, fue trasladada al área masculina del centro de Tacoma en espera de su deportación acelerada.

El DHS justificó su decisión de mantenerla en una unidad masculina, asegurando que la medida estaba en línea con políticas implementadas durante el mandato de Trump. “La mexicana fue puesta en un centro de detención masculino de ‘conformidad’ con la orden ejecutiva del presidente Trump y para ‘la seguridad de las mujeres’ bajo custodia del Gobierno”, indicó el comunicado.

Desde la actual administración republicana, se insiste en que las decisiones migratorias deben mantenerse firmes frente a lo que califican como posturas ideológicas ajenas a la ley. “El presidente dejó claro desde el primer día: el DHS no aceptará ideologías de género radicales al detener a inmigrantes indocumentados”, declaró la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin.

La funcionaria también cuestionó la autoridad de la jueza Baggio para intervenir en este tipo de procesos, afirmando que las decisiones de detención corresponden a jueces migratorios, quienes dependen directamente del Departamento de Justicia. “La juez ‘activista’ ignora la realidad biológica del sexo, socava el compromiso del ICE de promover entornos seguros”, concluyó McLaughlin.

En Estados Unidos, los jueces de inmigración no forman parte del poder judicial independiente, sino que actúan como funcionarios del Ejecutivo, subordinados al Departamento de Justicia, lo que agrega una capa adicional de tensión institucional en casos como este.

Con Información de Agencias