Ministros de la Corte Suprema comparecen ante Fiscalía por investigación de sobornos

En el marco de la investigación por presuntos sobornos vinculados a la exministra Ángela Vivanco cinco integrantes de la Corte Suprema de Chile —cuatro ministros y una abogada— tuvieron que prestar declaración como testigos ante el Ministerio Público.

La indagatoria apunta a determinar si hubo gestiones irregulares para influir en un fallo favorable a la empresa bielorrusa Belaz-Movitec en su conflicto de intereses con la empresa estatal de cobre Codelco, causa que mantiene a la ex vocera del máximo tribunal bajo prisión preventiva.

Las diligencias, encabezadas por el fiscal Andrés Kusch, se desarrollan bajo reserva y buscan reconstruir el funcionamiento de un supuesto esquema de corrupción dentro del tribunal.

En ese contexto, fueron interrogados los ministros y ministras quienes integraban la Tercera Sala al momento de analizar el recurso: Mario Carroza, Adelita Ravanales, Jean Pierre Matus, Leonor Etcheberry y María Cristina Gajardo.

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Uno de los puntos centrales de los interrogatorios fue establecer si existieron señales de interés particular de Vivanco en el caso. Las respuestas evidenciaron inconsistencias en la tramitación que hoy son clave para la causa penal.

El ministro Carroza entregó uno de los testimonios más detallados. Con décadas de trayectoria en el Poder Judicial, describió como inusual la rapidez con que avanzó el proceso: el recurso ingresó el 28 de junio de 2023 y fue revisado apenas dos días después.

Según indicó, al momento de ser incluido en tabla no contaba con el trámite previo obligatorio conocido como “dese cuenta”, el cual recién se habría emitido cuando la sala ya había deliberado. A su juicio, sin ese paso el caso no debía haber sido visto.

Carroza también señaló que la decisión de incorporar la causa en esas condiciones dependía de la presidencia de la sala, rol que entonces ejercía Vivanco. Añadió que fue ella quien propuso analizar simultáneamente medidas cautelares y el fondo del asunto, algo que calificó como poco habitual.

Con el avance del caso, dijo, le llamó la atención que comenzaran a discutirse montos económicos relevantes, lo que reforzó sus sospechas sobre el proceso y sus presuntas irregularidades.

En su declaración, además, mencionó haber advertido con el tiempo vínculos entre abogados involucrados —como Eduardo Lagos y Mario Vargas— y el entorno cercano de la exministra, incluyendo a su pareja Gonzalo Migueles. De haber conocido esos antecedentes oportunamente, afirmó, habría optado por inhabilitarse.

Por su parte, el ministro Matus descartó haber recibido presiones durante la tramitación. En tanto, Ravanales reconoció haber coincidido en un encuentro social con algunos de los involucrados, aunque precisó que no mantenía una relación estrecha con Vivanco.

La abogada Etcheberry, quien participó de manera excepcional en la sala el día en que se revisó el caso, relató que recibió solicitudes para aprobar con rapidez el proyecto de fallo.

Indicó que este tipo de gestiones no son habituales en su experiencia y que el tiempo destinado al análisis fue considerablemente menor al que suelen requerir causas de esa magnitud. También afirmó que, con los antecedentes actuales, habría actuado de manera distinta.

Otra arista relevante proviene del testimonio de la ministra Gajardo, única integrante que votó en contra del recurso. Pese a ello, fue designada para redactar la sentencia.

Según declaró, recibió instrucciones para priorizar el documento y detectó omisiones en la exposición de antecedentes clave durante la audiencia, incluyendo información presentada por Codelco que no habría sido considerada.

También cuestionó la rapidez del procedimiento y decisiones posteriores que, a su juicio, buscaron corregir formalmente irregularidades previas. En paralelo, la fiscalía amplió la investigación hacia el exministro Diego Simpértigue, levantando el secreto bancario tanto de él como de su entorno familiar.

Esta medida, de acuerdo con la Fiscalía, busca determinar si existieron movimientos financieros que pudieran vincularse a pagos indebidos relacionados con el mismo litigio.

El caso continúa en desarrollo mientras el Ministerio Público intenta esclarecer si las decisiones adoptadas en la Corte Suprema respondieron a influencias externas en una de las controversias más sensibles entre el sector público y privado.

Con Información de la Fiscalía Nacional de Chile