El juez que preside el caso por narcotráfico contra el extitular de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna, ha ordenado que los miembros del jurado que participen en el proceso -previsto para octubre- permanezcan en el anonimato, aislados del público general y que sean escoltados por alguaciles por razones de seguridad.
En un escrito judicial publicado este martes y firmado por el magistrado Brian Cogan, el juez le da la razón a la Fiscalía, que había solicitado el anonimato y el secuestro parcial del jurado.
Cogan considera que “hay una fuerte razón para creer que el jurado necesita protección” dada “la peligrosidad del acusado demostrada por la gravedad de los crímenes que se le imputan”.
Esto supone un fuerte revés para la defensa de García Luna, que había alegado que dicha medida erosionaría su presunción de inocencia, así como la habilidad de llevar a cabo una selección del jurado de manera significativa.
La decisión del juez implica que no serán revelados los nombres de los miembros del jurado ni la dirección de sus viviendas ni lugar de trabajo a ninguna de las partes.
Además, serán trasladados al juzgado y a sus residencias por alguaciles y durante su estancia en los tribunales estarán aislados del público general.
La Fiscalía solicitó estas medidas el pasado diciembre por considerar que “el acusado tiene los recursos financieros para intimidar o incluso hacer daño al jurado”.
El fiscal de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, Breon Peace, aseguró entonces que “al Gobierno (de EU) le preocupa que el acusado y sus conspiradores puedan emprender una campaña de acoso, intimidación y/o violencia contra los testigos y sus familias”.
La orden del juez se produce apenas quince días de después de que la Fiscalía denunciara que el exsecretario mexicano había intentado silenciar a periodistas mediante acoso y sobornos, además de manipular a los testigos.
Reproducción fotográfica de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el ex secretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna (2i), su abogado César de Castro (2d), y la interprete (i), durante su comparecencia ante el juez federal, Brian Cogan (d).
Según la Fiscalía, tras su arresto por el caso que se le procesa en Estados Unidos, García Luna mantuvo conversaciones telefónicas “en las que el acusado habló sobre amenazas de violencia y manipulación de testigos en su contra, y se refirió a al menos un testigo por su nombre”.
La defensa había argumentado que ninguno de los cargos contra Genaro García Luna son por violencia y que el exministro no tiene un bagaje violento.
El juez reconoce que García Luna “no hizo un uso personal de la violencia durante su participación” en los delitos por los que se le acusa, pero también que durante el tiempo que ocupó altos cargos de seguridad supuestamente ayudó al cártel de Sinaloa, cuya violencia sí podría hacer que los miembros del jurado teman por su seguridad si no se les garantiza el anonimato, argumenta.
García Luna dirigió entre 2001 y 2005 la extinta Agencia Federal de Investigación de México, encargada de luchar contra la corrupción y el crimen organizado, y entre 2006 y 2012 fue secretario de Seguridad Pública, durante el gobierno de Felipe Calderón.
García Luna, está acusado en Estados Unidos de recibir millones de dólares en sobornos del cártel de Sinaloa a cambio de permitir que la organización criminal pudiera operar a sus anchas.
Se ha declarado inocente de cargos que incluyen asociación delictiva para distribuir cocaína, participación en una empresa criminal continua y mentir a las autoridades. El exfuncionario mexicano, de 53 años, se encuentra en prisión en Nueva York.
Los fiscales del Distrito este de Nueva York dijeron hace meses que les preocupaba que personas cercanas a García Luna llevaran a cabo una campaña de acoso, intimidación y violencia contra testigos en el juicio y sus familias. El Juez Cogan estuvo de acuerdo el martes.
“Los hechos que presenta el Gobierno muestran que García Luna, de forma repetida, dio prioridad a sus ganancias personales por encima de sus responsabilidades como funcionario público y, a cambio de millones de dólares, aseguró el éxito y seguridad de una de las organizaciones de tráfico de drogas más violentas y notorias del mundo”, escribió el Juez.
Agregó que “la violencia persistente y el amplio alcance del cártel hacen que sea razonablemente probable que los miembros del jurado puedan tener miedo por su seguridad si no se les garantiza anonimidad”.
Los abogados de García Luna dijeron en abril que su cliente no es violento ni tiene conexión con altos mandos del cártel de Sinaloa y que, por lo tanto, los miembros del jurado no deberían quedar anónimos ni ser apartados del público. Si eso ocurriera daría la impresión de que su cliente es culpable de los cargos que se le imputan y que eso no garantiza un juicio justo, aseguró el abogado César de Castro.
Durante el juicio a Joaquín “El Chapo” Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa, a fines de 2018 e inicios de 2019, el jurado también fue anónimo y estuvo parcialmente aislado.
El mes pasado los fiscales del caso de García Luna dijeron que poseían una grabación que demuestra que el exfuncionario habló con otro preso en la cárcel en la que se encuentra sobre ejercer violencia y manipular a testigos que hablen en su contra. También aseguraron que en la grabación García Luna mencionó a Jesús “El Rey” Zambada, un exjefe del cártel de Sinaloa.
Los fiscales dijeron que funcionarios estadounidenses que realizaron la grabación incluso llegaron a entregar al otro preso el número de teléfono de un agente encubierto de la mafia rusa para que el preso se lo entregara a García Luna. Según la Fiscalía, García Luna y el otro preso llamaron por teléfono desde la cárcel al agente encubierto, aunque los fiscales no ofrecieron más detalles.
El martes el Juez Cogan hizo referencia a la grabación en su orden y dijo que es fácil pasar de acosar o intimidar a un miembro del jurado a llegar a manipularlo.
Con información de agencia AP
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