El dirigente del PAN, Marko Cortés, se reunió con representantes del Parlamento Europeo, a quienes les expuso los múltiples riesgos -que en su opinión- enfrenta México como consecuencia “del mal gobierno de Andrés Manuel López Obrador, donde la crisis de seguridad, la militarización del país y la presión a instituciones y actores políticos son los más alarmantes.”
Acompañado por la secretaria de Asuntos Internacionales del CEN, Mariana Gómez del Campo, del director de la Fundación Rafael Preciado Hernández, Julio Castillo López, se presentaron a la sede del Parlamento Europeo, donde se reunieron con David McAllister, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores; y con los eurodiputados Leopoldo López Gil y Antonio López-Isturiz White.
El grupo de panistas también se reunió con Patrick Voller, secretario de Relaciones Exteriores del Grupo del Partido Popular Europeo y con Cibrán Fernández Silva, asesor de política exterior del Presidente del Consejo Europeo.
Les entregaron una carta en la que se narra lo ocurrido con la Guardia Nacional, en la que explican que “la participación de las Fuerzas Armadas no es de manera extraordinaria, fiscalizada, subordinada, ni mucho menos complementaria, porque contrario a lo que dicta nuestra Constitución el mando nombrado en la Guardia Nacional es militar y es reconocido por el propio Gobierno Federal que el 80 por ciento de los integrantes de la corporación son militares, violentando nuevamente el carácter civil que debería tener”.
A decir de los representantes del blanquiazul, “más allá de las violaciones constitucionales, el gobierno desapareció la policía federal, les quitó los recursos a las policías estatales y municipales, impuso una fallida estrategia de abrazos a los criminales y de militarización del país, provocando el mayor número de homicidios y feminicidios de la historia, además que la inseguridad y la violencia están completamente fuera de control.”
El texto que se acercó a los parlamentarios europeos sostiene que existe la “participación consentida del crimen organizado en los pasados procesos electorales, convirtiéndolos en los más violentos en la historia democrática del país.”
La postura de los panistas redundó en su preocupación de que México “registra los más altos niveles de violencia, según cifras de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.
Por ello piden la atención del Parlamento Europeo, pues a diferencia de los países democráticos en el mundo, México se está militarizando, no solo en materia de seguridad, sino también en funciones gubernamentales o civiles, como la construcción de infraestructura aeroportuaria, ferroviaria y bancaria, así como la administración de aduanas, puertos y aeropuertos.
“Nosotros consideramos que la intención real de este gobierno, al militarizar la seguridad pública y algunas responsabilidades gubernamentales, es tener mayor eficacia en la represión a la oposición y en la consolidación de un régimen autoritario. Ahí la enorme gravedad de esta medida”.
Y del entorno político nacional denunciaron las “presiones del presidente a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los legisladores, al Instituto Nacional Electoral (INE), que ahora amenaza con impulsar una reforma constitucional en materia electoral para apoderarse del instituto y así poder tener elecciones a modo y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del cual incluso hizo renunciar a la presidenta cuando falló en contra de los intereses del presidente.
“Lo que este gobierno pretende es replicar en México el modelo que en Nicaragua y Venezuela ha permitido al grupo gobernante perpetuarse en el poder. Como parte de esto, hemos sido testigos, con enorme preocupación, de la impune participación del crimen organizado en los pasados procesos electorales”.
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