Esta semana el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estableció un fondo gubernamental por mil 800 millones de dólares que distribuirá en pagos a sus aliados políticos; obtuvo inmunidad en toda investigación en curso sobre posibles maniobras ilegales de sus impuestos –con lo cual se ahorra aproximadamente 100 millones en pagos fiscales pendientes– y, además, él y su familia ganaron millones de dólares al especular con acciones de empresas que tienen negocios con su gobierno o son afectadas por sus decisiones.
Estos movimientos fueron sólo una parte de los acuerdos y juegos financieros del mandatario divulgados públicamente.
Hace unos días, la Comisión de Contratación de Futuros de Mercancías de Estados Unidos (CFTC, por sus siglas en inglés) también divulgó que investiga movimientos “sospechosos” de especulación en los mercados de futuro del petróleo, que se registraron justo después de que el jefe de la Casa Blanca aplazó acciones militares contra Irán en marzo.
“Más de 800 millones de dólares en futuros estadunidenses e internacionales cambiaron de dueño sólo en minutos. Los operadores financieros que realizaron sus apuestas en ese momento obtuvieron ganancias cuando los precios del petróleo se desplomaron hasta 13 por ciento como consecuencia de que Trump cambió de opinión”, reportó The Wall Street Journal.
La CFTC indaga si “alguien de adentro del gobierno con conocimiento previo del anuncio del 23 de marzo del presidente” especuló con esa información.
Transacciones financieras desde la Casa Blanca
Por otro lado, el mandatario republicano está implicado en una serie de transacciones financieras vinculadas con grandes empresas estadunidenses en los primeros tres meses del año en curso, las cuales tienen un valor de entre 200 a 750 millones de dólares, reveló la Oficina de Ética Gubernamental de Estados Unidos. Ya se habían reportado cálculos del lucro de presidente y su familia durante su primer año de este segundo periodo en la Casa Blanca, incluyendo uno de un incremento de su fortuna por más de mil 400 millones de dólares, de acuerdo con informes de The New York Times y otro de The New Yorker, el cual estima que ya superó 4 mil millones como resultado del uso de su puesto como palanca para sus negocios.
Entre asombro y denuncias
Pero las nuevas revelaciones de esta semana han provocado asombro y denuncias. La Casa Blanca ha tenido que defenderse. Este martes, el vicepresidente JD Vance rechazó que Trump haya participado en este tipo de actividad especulativa, pero el patrón de este tipo de inversiones ha capturado la atención de reguladores financieros en varios mercados.
“Hay una zona de ilegalidad alrededor de la Casa Blanca”, acusó el centro de investigaciones no partidista Brennan Center for Justice de la Universidad de Nueva York. Concluyó: “ésta es corrupción épica a plena vista”.
El Colegio de Abogados de Estados Unidos (American Bar Association), la agrupación más grande de legistas en el mundo, fue más directo. “El gobierno de Trump, en más de tres docenas de ocasiones ha permitido donaciones políticas o negocios financieros –varios de los cuales enriquecieron personalmente a su familia– al informar de decisiones personal y políticas. Al hacerlo, la administración ha pisoteado restricciones legales, normas profundamente establecidas de comportamiento presidencial, y guías éticas importantes”.
Las denuncias más recientes se generaron como resultado de una demanda legal del presidente de Estados Unidos contra el gobierno de Estados Unidos –o sea, la administración que encabeza– por lo que acusa fue una filtración de sus declaraciones de impuestos personales a The New York Times hace 10 años.
La demanda interpuesta por la Trump Organization –la empresa de la familia– solicitaba que el gobierno debería de pagarle 10 mil millones de dólares en daños. El juez a cargo del caso amenazó con desechar la demanda, ya que no se podía explicar cómo el jefe del gobierno estaba demandando a su propio gobierno (con el entendido que sería el erario público el que pagaría al demandante: el presidente).
Para evitar ese resultado, el Departamento de Justicia –ahora encabezado por el procurador general en funciones Todd Blanche, quien fue el abogado personal del mandatario– anunció justo antes de que el juez emitiera su decisión, que había llegado a un arreglo al acordar crear un fondo de mil 800 millones de dólares para compensar a personas que, según Trump, habían sido castigadas de manera injusta por el gobierno federal por delitos cometidos, incluyendo a quienes tomaron por asalto al Capitolio para intentar frenar el conteo del voto final en la elección de 2020.
Blanche aclaró que ni Trump o su familia podían estar entre los beneficiados con pagos de ese fondo. Pero horas después, el procurador publicó el llamado “acuerdo”, el cual incluye que el gobierno federal se compromete a nunca proceder con acciones legales pendientes contra el republicano por incumplimiento de pagos de impuestos o por hacer declaraciones falsas ante las autoridades fiscales en el pasado.
El republicano se blinda ante contabilidad ilícita
Las declaraciones tributarias de Trump, su familia y sus empresas han sido sujetas a una auditoría del gobierno durante más de una década, y ProPublica –la organización independiente de periodismo de investigación– ha calculado que si la agencia federal de impuestos (IRS) hubiera logrado comprobar manipulación de contabilidad ilícita, el jefe de la Casa Blanca podría haber enfrentado “una cuenta de impuestos de más de 100 millones de dólares”.
Este “arreglo” logra efectivamente que él nunca tendrá que pagar esos fondos y que no habrá más investigaciones federales sobre este asunto.
Dos ex policías del Congreso que intentaron defender el Capitolio cuando fanáticos de Trump participaron en lo que algunos han llamado un intento de golpe de Estado, interpusieron una demanda legal este miércoles contra el fondo de mil 800 millones para la compensación, entre otros, de los atacantes.
“Aunque Trump y sus cuates han mantenido secreto los fines de ese fondo, versiones reportadas dejan sin duda que será ultimado, entre otros propósitos, para pagos a las casi mil 600 personas acusadas de atacar el Capitolio el 6 de enero de 2021”, afirman.
El vicepresidente Vance rehusó descartar que quienes participaron en ese asalto, incluyendo a los que hirieron a policías, podrían recibir compensación de ese fondo.
El presidente “acaba de robarse mil 800 millones de todos nosotros y están creando un fondo para recompensar a sus aliados políticos”, declaró el analista y ex secretario de Trabajo, Robert Reich.
“Nunca he visto algo como esto en mis 50 años de estar en la política. Frente a esto, Nixon se ve como un Boy Scout”, sentenció.
Una amplia gama de críticos –desde el ex candidato presidencial Al Gore, a los gobernadores de Illinois y California, a veteranos legisladores demócratas e historiadores destacados– han calificado a ésta como la “presidencia más corrupta en la historia de Estados Unidos”.
