El secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna y su esposa, fueron condenados por una corte de Estados Unidos, por desvío de recursos, a pagar casi 2 mil 500 millones de dólares, informaron fuentes extraoficiales.
En octubre del año pasado, García Luna fue sentenciado a poco más de 38 años (460 meses) de prisión, evitando la cadena perpetua solicitada por los fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos, aunque recibió casi el doble de lo solicitado por sus abogados.
El ex funcionario mexicano fue acusado por Estados Unidos y hallado culpable de haber recibido millones de dólares del cártel de Sinaloa a cambio de protección entre 2001 y 2012, cuando ocupaba los cargos de secretario de Seguridad Pública con Calderón y jefe de la Agencia Federal de Investigación, en el sexenio de Vicente Fox.
La jueza Lisa Walsh del 11º Circuito Judicial de Florida, Estados Unidos, dictó este 22 de mayo una sentencia contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el Gobierno de Felipe Calderón, y su esposa Cristina Pereyra, por lo que deberán pagar una multa de 748 millones de dólares y 1,740 millones, respectivamente, por su participación en un esquema de contratación ilegal en el Gobierno de México.
El pago conjunto de 2,488 millones de dólares proviene de una demanda civil presentada el 21 de septiembre de 2021 para la recuperación de los activos adquiridos con los recursos extraídos del erario mexicano y ubicados en Florida, a fin de resarcir el daño generado al Estado mexicano.
La demanda civil para la recuperación de activos presentada por el Gobierno de México reclama más de 600 millones de dólares por las irregularidades presentadas en la asignación de 30 contratos por parte de la Policía Federal, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) al Grupo Weinberg.
Es importante mencionar que en 2021 la UIF señaló que bajo auspicio de García Luna, un conglomerado empresarial familiar que opera en distintos países obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México, a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares.
Lo anterior, a través de una red de corrupción y lavado de dinero internacional utilizadas por García Luna, en la cual participan siete personas físicas, cuatro empresas contratistas, 40 empresas norteamericanas, constituidas para adquirir, poseer bienes, diseminar recursos, recibir pagos y simular actividades.
Casi todos los contratos fueron asignados a empresas extranjeras dedicadas a tecnologías y telecomunicaciones como Nunvav, Inc, Nunvav Technologies, Nice Systems y Glac Security Consulting Technologies Inc.
La sentencia autoriza al gobierno mexicano a confiscar bienes localizados en Florida y en otras jurisdicciones que cooperen con órdenes civiles.
Cabe señalar que el exfuncionario, encarcelado en Nueva York, ni su esposa respondieron a la demanda civil presentada en 2021, por lo que la jueza Walsh advirtió sobre las consecuencias de la omisión. Además, Pereyra dejó vencer plazos y su abogado se retiró del caso.
Para la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) la ausencia de respuesta equivale a admitir los cargos. La magistrada coincidió y dictó el fallo por default.
Con la demanda civil presentada en Miami se buscan recuperar los activos adquiridos con los recursos extraídos del erario mexicano. Este proceso es independiente al juicio penal al que está sujeto García Luna en Brooklyn, Nueva York.
Los recursos económicos fueron transferidos a Estados Unidos bajo la utilización de paraísos fiscales para ocultar su origen. Para ello, se adquirieron bienes muebles e inmuebles en el estado de Florida.
Ante ello, la UIF, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP), identificó la red de corrupción de García Luna y su modus operandi. Por ello, el 24 de diciembre de 2019 incluyó a todos los involucrados en la Lista de Personas Bloqueadas.
El 21 de febrero de 2023 la Corte de Brooklyn, Estados Unidos, declaró culpable a Genaro García Luna de los cinco cargos que se le imputaron, tres relacionados con narcotráfico por transportar, importar y distribuir cocaína, dos por formar parte de una empresa criminal (conspiración) y uno por declaraciones falsas.
Posteriormente, el 16 de octubre de 2024, el juez federal de distrito Brian M. Cogan de Nueva York, sentenció a 460 meses de prisión y una multa de 2 millones de dólares a García Luna.
