Sentencia favorable a México en juicio contra armerías de EU

Una jueza de la Corte Federal para el Distrito de Arizona, con sede en Tucson, dictó una sentencia favorable para México en su juicio contra cinco tiendas vendedoras de armas localizadas en esa región de Estados Unidos y reconoció el derecho del país para demandar en nombre propio y de la población.

Fue en octubre de 2022 cuando nuestro país inició este litigio ante la justicia estadunidense argumentando que las demandadas, según datos de trazabilidad, facilitan el tráfico de armas de alto poder a territorio mexicano.

La jueza Rosemary Márquez estableció que las tiendas tuvieron diversas señales para saber que las armas de fuego que vendieron terminarían en México, y que estas serían usadas con fines ilícitos. Por ello, la Corte reconoció que México tiene derecho a demandar a nombre propio y de su población.

Incluso, la juzgadora señaló que México argumentó exitosamente que las tiendas no gozan de inmunidad por sus prácticas comerciales negligentes.

“Esta decisión se suma a la sentencia favorable de enero de 2024, emitida en el marco de la primera demanda presentada por nuestro país. En esa sentencia, una Corte de Apelaciones resolvió que empresas fabricantes de armas tampoco gozan de inmunidad y que deben responder por sus conductas ante un tribunal”, expuso la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Tras la decisión de hoy, la Corte de Distrito puede continuar estudiando la demanda de México. Según información de la Cancillería, en las siguientes etapas, se presentará evidencia para demostrar la conducta negligente de las demandadas, buscando obtener una reparación del daño que será determinada por el juez.

Las compañías demandadas alegaban que gozaban de inmunidad por la Ley de Protección al Comercio Legal de Armas (PLCAA), un estatuto impulsado por la Administración de George W. Bush que blindaba a la industria de cualquier reclamo. La decisión permite que avance la demanda del Gobierno mexicano, presentada en octubre de 2022.

Se trata del segundo triunfo legal a favor del Gobierno mexicano en lo que va de 2024, después de que una corte de apelaciones rechazara en enero que PLCAA blindara a las productoras de fusiles contra otra demanda de México, en ese caso presentada en una corte de Massachusetts.

“México está convencido de que le asiste la razón jurídica y moral en sus acciones legales contra el tráfico ilícito de armas, y continuará defendiendo puntualmente sus intereses y el de la ciudadanía por todas las vías a su alcance”, señaló la Secretaría de Relaciones Exteriores en un comunicado.

“El fallo de hoy es un enorme avance para llamar a cuentas a la industria de las armas por su contribución a la violencia armada, así como para detener el enorme flujo del tráfico de armas para los carteles”, declaró Jonathan Lowy, presidente de Global Action on Gun Violence y uno de los abogados del Gobierno mexicano en Estados Unidos.

Lowy explicó que el caso en Arizona se desprende de la primera demanda que hace un país soberano contra los distribuidores de armas. México acusa a las cinco distribuidoras de vender armas a traficantes que se dedican a abastecer a las organizaciones criminales.

El caso en Arizona y el de Massachusetts avanzan por dos carriles separados. Ambos van contra la industria armamentista, aunque están dirigidos a actores en diferentes partes de la cadena del tráfico de armas.

La demanda de Massachusetts, que data de agosto de 2021, es contra los productores de armas. La demanda en Arizona es contra los distribuidores, uno de los últimos eslabones.

En un inicio, las demandas presentadas por México fueron recibidas con escepticismo por el blindaje que da PLCAA a las empresas. Pero los fallos favorables han hecho mella en la armadura que suele proteger a la industria.

“Las resoluciones a favor de México en ambas cortes se refuerzan mutuamente al intervenir en etapas distintas, pero complementarias de la cadena de suministro”, comenta León Castellanos Jankiewicz, especialista en Derecho Internacional e investigador del Instituto Asser en La Haya.

“En cierto modo, la corte de Massachusetts sentó un precedente que seguramente fue tomado en cuenta por la corte en Arizona”, comenta Castellanos Jankiewicz, una de los académicos más vocales a favor de la batalla legal de México contra las armas.

En su opinión, las cortes han dado legitimidad a los reclamos del país latinoamericano. “En otras palabras, las cortes concluyen que México tiene derecho a presentar sus alegatos en juicio”, agrega.

La juez Rosemary Márquez dio la razón a México, al explicar que la inmunidad de PLCAA no aplica porque el Gobierno mexicano pudo argumentar que existe complicidad de las tiendas demandadas con los traficantes de armas y que ese blindaje legal no puede ser invocado en el supuesto de ventas ilegales, como las que benefician a los carteles de la droga, comenta el especialista legal.

“Si bien las demandadas tienen derecho a presentar un recurso de apelación, la decisión de este día es de gran relevancia para nuestro país”, reseñó la Cancillería. Por su parte, Lowy no anticipa una apelación de las cinco empresas demandadas porque la decisión del juez en esta etapa no implica el final del litigio. El abogado que representa a México explicó que el siguiente paso es avanzar hacia la presentación de pruebas y evidencias (conocido en el sistema legal de Estados Unidos como discovery), lo que permitirá al país latinoamericano tener acceso a documentos sobre las prácticas comerciales de las empresas demandadas y lo obligará a sustentar las acusaciones que hace contra ellas. Los acusados son Diamondback Shooting Sports, SnG Tactical, The Hub, Ammo A-Z y Sprague’s Sports.

México ha adelantado que en caso de ganar estos litigios buscará una indemnización en proporción de los daños que ha causado la violencia armada en el país, aceitada por el comercio ilegal desde Estados Unidos. Las autoridades mexicanas han calculado que esos daños ascienden a 15.000 millones de dólares. También se exigen cambios en las prácticas comerciales de los actores demandados y que se ponga fin a los flujos ilegales que abastecen a los carteles. La resolución de ambos casos, sin embargo, aún parece lejana y es probable que tome años. “La sugerencia a la siguiente Administración será que México no se baje de este esfuerzo. Sería claudicar, pero será decisión del próximo Gobierno”, dijo Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores y quien lidera el litigio para México, en una entrevista a principios de año.